El presidente Horacio Cartes anunció públicamente que será candidato a senador al igual que varios de sus actuales ministros y altos funcionarios del gobierno que ya hacen campaña en el marco de una fiebre electoral que hace aparecer múltiples candidaturas y movimientos políticos de todos los gustos y colores.
En los años que comenzaba a hablarse con frecuencia sobre los emails y contados privilegiados empezaban a mostrarse con los primeros celulares ladrillos con antenas, allá por los inicios de la década del 90, me trataron de loco e iluso unos colegas de entonces cuando les dije que en unos años más los periodistas ya tendríamos a disposición nuevos medios portátiles que nos facilitarían grandemente los envíos de nuestras crónicas y fotografías a la sala de ediciones del diario desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de utilizar cables kilométricos, alambres gigantes o máquinas tipo elefante para las conexiones satelitales.
Hace pocos años, allá por el 2012, adulones de Cristina Kirchner llevaban adelante una feroz temible campaña mediática a favor de la re-reelección de la presidenta Argentina y todo apuntaba en la necesidad de modificar la Constitución del vecino país para permitir que la mandataria pueda candidatarse y ganar futuras elecciones a fin de mantenerse indefinidamente en el poder.
En vez de recriminarlo, al rector Froilán Peralta se le debería darle las gracias y felicitar. Quienes les escupieron, arrojaron basura y agua sucia, cuando fue detenido, tendrían que pedirle perdón por esas agresiones que no condicen con actitudes o conductas de inteligentes y educados estudiantes universitarios.
Según he leído, los senadores colorados Julio Velázquez, Nelson Aguinagalde y Blanca Ovelar presentaron un proyecto de ley que obliga a los medios de comunicación a emitir contenidos publicitarios gratuitos "a favor de la protección ambiental, los derechos del niño, del joven, de la mujer y contra la drogadicción".
A 25 días de asumir la presidencia de la Conmebol, Eugenio Figueredo firmaba un contrato de nada menos que US$ 352 millones en el que, según la justicia norteamericana, se acordó el pago de US$ 110 millones en sobornos a las más altas autoridades del balompié de Sudamérica, incluyendo a la APF. Hoy, a pesar de estar acusado de lavado de dinero y otros ilícitos, DATISA mantiene un leonino contrato con la Conmebol.