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CIUDAD DEL ESTE. El A.I. 7388, del 20 de mayo de 2010, en su parte resolutiva decía: "rechazar in limine la presentación de la inconstitucionalidad". La resolución lleva la firma de los ministros Sindulfo Blanco, Víctor Núñez y Antonio Fretes.
El 12 de setiembre de 2011 los mismos ministros en relación al mismo caso firman otra disposición, que es la A.I. 2052, que en su parte resolutiva dice: "dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad, y en consecuencia correr traslado a la adversa y al Ministerio Público por todo el plazo de la ley".
El caso donde los ministros de la Corte "borraron con el codo lo que escribieron con la mano" es con relación a un litigio que se inició hace 12 años por la construcción de un centro comercial en el microcentro de Ciudad del Este.
La actitud de los ministros de la Corte pone en peligro una inversión de 5 millones de dólares que se hizo en uno de los más lujosos centros comerciales de la capital del Alto Paraná y dejó en la calle a unos 2.000 paraguayos que en forma directa o indirectamente dependían del funcionamiento del mencionado shopping.
El conflicto
El lío judicial es entre el propietario del complejo comercial, el empresario español Alejandro Martin Martin, y el constructor, el arquitecto Guido Ramírez. Debido a esta disputa judicial la construcción del complejo comercial quedó paralizada 12 años.
El empresario español ganó la demanda que le inició su constructor en todas las instancias. Al perder en todas las instancias el arquitecto Ramírez, a través de su abogado Osvaldo Milciades Ramírez Valdez, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia final de la demanda.
El 20 de mayo y tras 12 años de disputa judicial la Corte rechazó "in limine" la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado del constructor, Guido Ramírez.
Inversionistas sin garantías
Tras ganar la demanda judicial el empresario español decidió ceder por 10 años la administración del centro comercial que estaba inconcluso a un grupo de empresarios extranjeros. Un grupo de inversionistas chinos aglutinados en la empresa Sol y Luna, encabezado por el oriental Salomón Wei, tomó la administración, terminó el edificio y lo convirtió en uno de los centros comerciales más modernos y lujosos de Ciudad del Este.
Pero, para sorpresa de todos, el pasado 12 de setiembre de 2011 salió otra resolución de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, con el número A.I. 2052, donde se da lugar a un recurso de aclaración que solicitó esta vez el abogado Carlos Dejesús Rodas Cáceres, en representación del arquitecto Guido Ramírez, y admite la inconstitucionalidad que anteriormente fue rechazado.
Los ministros Blanco, Núñez y Fretes alegan que existió un supuesto error en la primera disposición, por lo que dieron trámite al recurso de reposición y a la inconstitucionalidad.
Con esto los ministros de la Corte ponen en peligro una inversión de 5 millones de dólares que hizo un grupo de ciudadanos chinos. La imagen que queda es que en el Paraguay no existe la más mínima seriedad en la administración de justicia.
Los inversionistas indicaron que ningún empresario tiene garantía jurídica para realizar inversión en Paraguay debido a la falta de seriedad de la Justicia, especialmente de parte de los propios ministros de la máxima instancia.
Clausura ilegal
La acción de inconstitucionalidad aún no tuvo una resolución definitiva y está en fase de estudio. Pero los abogados del arquitecto Guido Ramírez piden a la jueza del fuero civil de Ciudad del Este, Máxima Meza de Maldonado, que les dé un recurso de reposición del edificio.
La magistrada, con una rapidez inusual, dio lugar al pedido y debido a que el complejo comercial estaba en pleno funcionamiento decide clausurar hasta que exista una resolución de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por los abogados del constructor Guido Ramírez.
Pero la abogada se olvidó de que el arquitecto Ramírez está pidiendo que se cumpla un contrato de construcción del edificio que cuando se inició el pleito, hace 12 años atrás, estaba inconcluso.
Los propietarios de las firmas comerciales que están operando dentro del Shopping Corazón indicaron que están registrando pérdidas millonarias y se preguntaron quiénes correrán con el perjuicio que están teniendo. Recordaron que ellos no tienen nada que ver en el conflicto judicial y solo quieren trabajar.
El abogado Nicolás Russo, quien representa a algunos de estos comerciantes, dijo que la jueza Máxima Meza de Maldonado interpuso los intereses de una persona ante la colectiva de unos 2.000 ciudadanos paraguayos afectados por esta situación.
Antecedente
El empresario español Alejandro Martin Martin fue conocido en el Alto Paraná y el país cuando su hijo de 7 años fue secuestrado. El hecho ocurrió hace 25 años y nunca fue aclarado. Lo sucedido conmocionó a la población de la entonces Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, fue el primer caso delictual del género que se registró en la zona.
No dio a conocer el monto del rescate, el menor fue abandonado en una calle céntrica de Foz de Yguazú. La Policía de la dictadura impidió que muchos datos en relación al caso sean publicados, pero fue uno de los más publicitados.
Actualmente el empresario está en Curitiba, Brasil, donde sigue un tratamiento médico. Su esposa, Diana de Martin, maneja sus negocios y administra todas sus propiedades en la zona.