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El problema empieza con la adquisición de tierras que son inútiles para el cultivo, mientras que las parcelas más fértiles cuentan con numerosas viviendas en su interior. Los dirigentes negocian abiertamente con los terrenos y nadie los controla. Al final, los únicos que no son beneficiados son los que realmente quieren trabajar en la tierra. ESTADO NO BRINDA NINGÚN TIPO DE SEGURIDAD
El Gobierno no busca la reforma agraria
El sistema utilizado por el Estado para la reforma agraria no brinda seguridad ni para el campesino que quiere la tierra y mucho menos a los productores que poseen grandes extensiones de tierra. Un ejemplo de la mala práctica que realiza el Gobierno en materia de entrega de tierras a pequeños agricultores se da en el asentamiento Sebastián Larroza de Tavapy, distrito de Santa Rosa del Monday.
JUAN LEON MALLORQUIN. Desde 2008, el Gobierno comenzó a convertir la invasión en herramienta de captación de adherentes, antes que en un sistema organizado y coordinado de trabajo para fomentar el arraigo. En el asentamiento Sebastián Larroza, en 2009, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) adquirió 1.114 hectáreas de tierra del productor de origen japonés Gregorio Ugadawa, sobre el río Monday e incluyendo el arroyo Yatai.
La mayor parte de la tierra es campo que se ve totalmente anegado en épocas de grandes lluvias, según algunos campesinos de la zona. En el mismo año, el entonces presidente del Indert, Alberto Alderete, entregó dichas tierras al dirigente campesino Marcial González, que ya participó en otras invasiones, como la de Intendencia Cue, en San Cristóbal, para que distribuya la tierra a sus asociados.
Este asentamiento en el 2010 pasó a manos de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), cuyo objetivo es coordinar y promover el desarrollo económico, social, político y cultural. Esto impulsando políticas públicas que beneficien a la población campesina de los asentamientos.
Sin embargo, el lugar posee un único camino en pésimo estado, casi intransitable para vehículos pequeños, no existen servicios de asistencia como un puesto de salud, servicio de energía eléctrica ni escuela. Las instituciones del Estado que integran la coordinadora nunca aparecieron por el lugar.
En abril de este año surgieron denuncias de que las parcelas estaban siendo vendidas por González y sus seguidores al mejor postor. Mientras que las tierras mecanizadas eran alquiladas a sojeros brasileños. Quienes intentaban denunciar estos hechos eran amenazados, amedrentados por el grupo.
En una recorrida por la finca se pudo constatar que la mayor parte de las parcelas poseían precarias viviendas que no estaban ocupadas. En algunos casos solo contaban con encargados. Taxistas, comerciantes, abogados eran los beneficiarios de la reforma agraria del Gobierno.
Los "dirigentes" designados por el Indert para realizar el reparto de la tierra vendían las parcelas a precios que varían desde G. 5 millones. Esto llegó a tal punto que una sola persona llegó a adquirir 8 parcelas por G. 40 millones. Pero como finalmente no fue adjudicado por los dirigentes, hizo la denuncia a la agencia regional del Indert conjuntamente con otras 30 personas aproximadamente afectadas de la misma manera.
Este hecho muestra claramente hasta qué punto preocupan al Gobierno la reforma agraria y la situación campesina.
Pero hay más. También en el 2009, el Gobierno se hace presente en el distrito de Mariscal López con la idea de hacer sentir la presencia del Estado en un municipio históricamente relegado y con muchos conflictos por la tierra. Los coordinadores de las instituciones que debían hacer sentir esa presencia, Fernando Kurtz y Jorge Armadans, anunciaron la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la soberanía territorial.
Claramente anunciaron que el objetivo era devolver las tierras en manos de colonos de origen brasileño a los campesinos paraguayos. Estos discursos y el hecho de mantener una relación estrecha con dirigentes de campesinos de diversos movimientos llevaron a los mismos a un estado de envalentonamiento y empezaron a invadir tierras, hasta de antiguos colonos paraguayos con fracciones de apenas 8 hectáreas. Hubo enfrentamientos. El ambiente se caldeó.
La presencia del Estado no significó que haya existido algún cambio en el distrito. Sigue sin un centro de salud, no tiene una agencia del Indert que atienda los problemas de tierra, no cuenta con líneas telefónicas de Copaco, faltan caminos de todo tiempo. En síntesis, todo sigue igual.
Lo único que recrudeció es la radicalización de los campesinos, que hasta llegaron a ordenar el cambio de efectivos policiales que no respondían a sus intereses, sino al de los "yanquis". Un plan ordenado que lleve a un arraigo no existe.
A esto se le debe sumar la invasión de parcelas de cultivos experimentales de la Escuela Agrícola de Minga Guazú, donde están estudiando hijos de campesinos.
A estas invasiones se debe sumar el hecho de que los hijos de pequeños productores que sí poseen tierras de hasta 25 hectáreas prefieren ir a la Argentina, España antes, que seguir cultivando la tierra paraguaya.
El Gobierno no busca la reforma agraria
El sistema utilizado por el Estado para la reforma agraria no brinda seguridad ni para el campesino que quiere la tierra y mucho menos a los productores que poseen grandes extensiones de tierra. Un ejemplo de la mala práctica que realiza el Gobierno en materia de entrega de tierras a pequeños agricultores se da en el asentamiento Sebastián Larroza de Tavapy, distrito de Santa Rosa del Monday.
JUAN LEON MALLORQUIN. Desde 2008, el Gobierno comenzó a convertir la invasión en herramienta de captación de adherentes, antes que en un sistema organizado y coordinado de trabajo para fomentar el arraigo. En el asentamiento Sebastián Larroza, en 2009, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) adquirió 1.114 hectáreas de tierra del productor de origen japonés Gregorio Ugadawa, sobre el río Monday e incluyendo el arroyo Yatai.
La mayor parte de la tierra es campo que se ve totalmente anegado en épocas de grandes lluvias, según algunos campesinos de la zona. En el mismo año, el entonces presidente del Indert, Alberto Alderete, entregó dichas tierras al dirigente campesino Marcial González, que ya participó en otras invasiones, como la de Intendencia Cue, en San Cristóbal, para que distribuya la tierra a sus asociados.
Este asentamiento en el 2010 pasó a manos de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), cuyo objetivo es coordinar y promover el desarrollo económico, social, político y cultural. Esto impulsando políticas públicas que beneficien a la población campesina de los asentamientos.
Sin embargo, el lugar posee un único camino en pésimo estado, casi intransitable para vehículos pequeños, no existen servicios de asistencia como un puesto de salud, servicio de energía eléctrica ni escuela. Las instituciones del Estado que integran la coordinadora nunca aparecieron por el lugar.
En abril de este año surgieron denuncias de que las parcelas estaban siendo vendidas por González y sus seguidores al mejor postor. Mientras que las tierras mecanizadas eran alquiladas a sojeros brasileños. Quienes intentaban denunciar estos hechos eran amenazados, amedrentados por el grupo.
En una recorrida por la finca se pudo constatar que la mayor parte de las parcelas poseían precarias viviendas que no estaban ocupadas. En algunos casos solo contaban con encargados. Taxistas, comerciantes, abogados eran los beneficiarios de la reforma agraria del Gobierno.
Los "dirigentes" designados por el Indert para realizar el reparto de la tierra vendían las parcelas a precios que varían desde G. 5 millones. Esto llegó a tal punto que una sola persona llegó a adquirir 8 parcelas por G. 40 millones. Pero como finalmente no fue adjudicado por los dirigentes, hizo la denuncia a la agencia regional del Indert conjuntamente con otras 30 personas aproximadamente afectadas de la misma manera.
Este hecho muestra claramente hasta qué punto preocupan al Gobierno la reforma agraria y la situación campesina.
Pero hay más. También en el 2009, el Gobierno se hace presente en el distrito de Mariscal López con la idea de hacer sentir la presencia del Estado en un municipio históricamente relegado y con muchos conflictos por la tierra. Los coordinadores de las instituciones que debían hacer sentir esa presencia, Fernando Kurtz y Jorge Armadans, anunciaron la puesta en marcha del proyecto de recuperación de la soberanía territorial.
Claramente anunciaron que el objetivo era devolver las tierras en manos de colonos de origen brasileño a los campesinos paraguayos. Estos discursos y el hecho de mantener una relación estrecha con dirigentes de campesinos de diversos movimientos llevaron a los mismos a un estado de envalentonamiento y empezaron a invadir tierras, hasta de antiguos colonos paraguayos con fracciones de apenas 8 hectáreas. Hubo enfrentamientos. El ambiente se caldeó.
La presencia del Estado no significó que haya existido algún cambio en el distrito. Sigue sin un centro de salud, no tiene una agencia del Indert que atienda los problemas de tierra, no cuenta con líneas telefónicas de Copaco, faltan caminos de todo tiempo. En síntesis, todo sigue igual.
Lo único que recrudeció es la radicalización de los campesinos, que hasta llegaron a ordenar el cambio de efectivos policiales que no respondían a sus intereses, sino al de los "yanquis". Un plan ordenado que lleve a un arraigo no existe.
A esto se le debe sumar la invasión de parcelas de cultivos experimentales de la Escuela Agrícola de Minga Guazú, donde están estudiando hijos de campesinos.
A estas invasiones se debe sumar el hecho de que los hijos de pequeños productores que sí poseen tierras de hasta 25 hectáreas prefieren ir a la Argentina, España antes, que seguir cultivando la tierra paraguaya.