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Los líderes de la nueva CDC aseguran que los integrantes de los más de 35 grupos constituidos en el departamento de San Pedro buscan marcar diferencia con el nefasto régimen de “seguridad” impuesto por las llamadas “comisión garrote”, creadas a instancia del entonces ministro del Interior, Rogelio Benítez, durante el gobierno anterior.
Los nuevos defensores de la seguridad comunitaria alegan que el diálogo con los vecinos y con el resto de la sociedad será el mejor instrumento para combatir los problemas que se generan en la región. Así, Bruno César Benítez, presidente del consejo CDC de San Pedro, sostiene que mediante el acercamiento a la gente que actúa al margen de la ley puede ayudar a disminuir los problemas en la comunidad.
Desde el Ministerio del Interior, tímidamente se insinúa una resistencia en aprobar la autorización para el nuevo método de cooperación para establecer la seguridad en varios departamentos, sin desplazar a los verdaderos responsables: los agentes del orden público.
Desean bendición de Lugo
Los miembros de la llamada comisión garrote pretenden recibir la bendición de los gobernantes de turno para seguir imponiendo un régimen que, por la misma Carta Magna, está establecida como responsabilidad de la institución policial.
Desde hace más de un año, los civiles armados tienen el rechazo absoluto del presidente Fernando Lugo, que con un decreto resolvió desarticular la vigencia del grupo armado, que se atribuía roles propios de la Policía Nacional. La excusa de los principales líderes de la organización civil para ejercer apremios y procedimientos ilegales es brindar una respuesta a la creciente violencia y criminalidad que impera en el país.
Repudio
Varias organizaciones campesinas, entre ellas, la Federación Nacional Campesina (FNC), lanzaron voces de repudio contra las sucesivas torturas, allanamientos sin orden judicial, detención ilegítima y homicidios a manos de los civiles armados diseminados en varios departamentos del país.
Sin embargo, intendentes de los municipios de Capiibary (San Pedro) y Yasy Cañy (Canindeyú), los liberales Juan Cuenca Castillo y Reginaldo Vera Recalde, este último, defenestrado del cargo por presuntas irregularidades, y poderosos ganaderos brasileños aparecen como los protectores del grupo que opera en varias localidades de ambos departamentos.