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El principal procesado es el ex ministro del Interior Walter Bower. La causa llegó a audiencia preliminar hace ocho años. Para que continúe el proceso, la Cámara de Apelaciones debe resolver un incidente presentado por la defensa hace un año y medio. La Corte declaró imprescriptible el caso.El proceso por supuesta tortura que se le sigue al ex ministro del Interior Walter Bower y a tres policías cumplió 11 años y cinco meses de proceso. El mes pasado la Corte Suprema conformó la Cámara de Apelaciones que estudiará un incidente de la defensa que impide la realización de la audiencia preliminar. El caso declarado imprescriptible por el máximo tribunal se originó por denuncias de tortura a policías en una comisaría y en la Marina.
Para el 16 de junio de 2009, el juez Julián López había fijado la realización de la audiencia preliminar luego de que la Corte Suprema de Justicia resuelva después de seis años que la causa en la cual están procesados Bower junto a los policías Basilio Pavón, Merardo Palacios y Osvaldo Vera es imprescriptible porque hay denuncias de torturas y lesión corporal en el ejercicio de la función pública en la comisaría 11ª metropolitana y en la sede de la Marina.
Los hechos supuestamente ocurrieron entre el 19 y el 21 de mayo de 2011.
Aparecieron como víctimas los comisarios Cáceres, Higinio Pérez, Emilio López Villalba, Emilio Escurra, Saturnino Gamarra, Jorge López López, Emilio López Villalba, los suboficiales Fabián Ojeda, Rafael Sosa Ricardo Báez, al suboficial Lorenzo Genes, Reinaldo Insfrán y Próspero Arévalo Ayala.
Estos policías habían sido acusados de sublevarse contra el gobierno de Luis González Macchi, en un intento de golpe perpetrado entre el 18 y 19 de mayo.
La audiencia preliminar fijada por el juez López no se realizó debido a que la defensa alegó una deficiencia en la notificación.
El caso se elevó a la Cámara de Apelaciones en donde se inhibieron siete camaristas: José Waldir Servín, Natividad Meza, Luis María Benítez Riera, Emiliano Rolón, Arnulfo Arias, Tomás Damián Cárdenas y Gustavo Ocampos.
Luego de dos meses la Cámara para estudiar el caso fue conformado con Agustín Lovera Cañete, Carlos Bray Maurice y José Agustín Fernández, de la tercera, primera y segunda sala del Tribunal de Apelación en lo penal, respectivamente.
Los tres fueron recusados, con lo cual el caso se paralizó hasta el último mes del pasado año en el que la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar a los tres camaristas.
Con esto se da vía libre para que el juez López fije una nueva fecha de audiencia preliminar.
Este caso se originó cuando los policías Alfredo Cáceres y Jorge López recibieron apremios físicos en la Marina, tras ser acusados de ser partícipes del supuesto golpe de Estado entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
La sesión de tortura se habría realizado bajo la supervisión de Bower, según los denunciantes, que ahora se constituyen en querellantes
adhesivos.
El comisario Cáceres había ratificado en una audiencia que fue torturado por medio de golpes en la oreja que le afectaron el tímpano, el abdomen, y que fue esposado con las manos hacia atrás y arrojado para arriba en varias ocasiones.
Pavón, Palacios y Vera, jefe, subjefe y oficial de la comisaría 11ª respectivamente, fueron imputados el 28 de julio de 2000 y siete meses después el 11 de febrero de 2001 Bower, entonces ministro del Interior, corrió la misma suerte . Posteriormente se acumuló la causa.
El pato de la boda
En su última aparición pública, el día de la frustrada audiencia preliminar, Bower indicó en tribunales que acudía a enfrentar la justicia y que para ello no enajenó sus bienes. Dijo que es una ironía del destino que se tenga que demostrar la verdad ante quienes considera "golpistas", refiriéndose a policías que denunciaron los apremios físicos, primero en la comisaría 11ª y luego en la Marina.
El ex ministro indicó que actuó conforme a la ley. Dijo que Alfredo Cáceres (uno de los supuestos torturados) tomó la Policía y que allí le detuvo, en mayo de 2000. "Él (Cáceres) tiene que explicar por qué se proclamó comandante de la Policía. Hay miles de testigos que pueden decir que actué conforme a la ley", recalcó.
Para el 16 de junio de 2009, el juez Julián López había fijado la realización de la audiencia preliminar luego de que la Corte Suprema de Justicia resuelva después de seis años que la causa en la cual están procesados Bower junto a los policías Basilio Pavón, Merardo Palacios y Osvaldo Vera es imprescriptible porque hay denuncias de torturas y lesión corporal en el ejercicio de la función pública en la comisaría 11ª metropolitana y en la sede de la Marina.
Los hechos supuestamente ocurrieron entre el 19 y el 21 de mayo de 2011.
Aparecieron como víctimas los comisarios Cáceres, Higinio Pérez, Emilio López Villalba, Emilio Escurra, Saturnino Gamarra, Jorge López López, Emilio López Villalba, los suboficiales Fabián Ojeda, Rafael Sosa Ricardo Báez, al suboficial Lorenzo Genes, Reinaldo Insfrán y Próspero Arévalo Ayala.
Estos policías habían sido acusados de sublevarse contra el gobierno de Luis González Macchi, en un intento de golpe perpetrado entre el 18 y 19 de mayo.
La audiencia preliminar fijada por el juez López no se realizó debido a que la defensa alegó una deficiencia en la notificación.
El caso se elevó a la Cámara de Apelaciones en donde se inhibieron siete camaristas: José Waldir Servín, Natividad Meza, Luis María Benítez Riera, Emiliano Rolón, Arnulfo Arias, Tomás Damián Cárdenas y Gustavo Ocampos.
Luego de dos meses la Cámara para estudiar el caso fue conformado con Agustín Lovera Cañete, Carlos Bray Maurice y José Agustín Fernández, de la tercera, primera y segunda sala del Tribunal de Apelación en lo penal, respectivamente.
Los tres fueron recusados, con lo cual el caso se paralizó hasta el último mes del pasado año en el que la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar a los tres camaristas.
Con esto se da vía libre para que el juez López fije una nueva fecha de audiencia preliminar.
Este caso se originó cuando los policías Alfredo Cáceres y Jorge López recibieron apremios físicos en la Marina, tras ser acusados de ser partícipes del supuesto golpe de Estado entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
La sesión de tortura se habría realizado bajo la supervisión de Bower, según los denunciantes, que ahora se constituyen en querellantes
adhesivos.
El comisario Cáceres había ratificado en una audiencia que fue torturado por medio de golpes en la oreja que le afectaron el tímpano, el abdomen, y que fue esposado con las manos hacia atrás y arrojado para arriba en varias ocasiones.
Pavón, Palacios y Vera, jefe, subjefe y oficial de la comisaría 11ª respectivamente, fueron imputados el 28 de julio de 2000 y siete meses después el 11 de febrero de 2001 Bower, entonces ministro del Interior, corrió la misma suerte . Posteriormente se acumuló la causa.
El pato de la boda
En su última aparición pública, el día de la frustrada audiencia preliminar, Bower indicó en tribunales que acudía a enfrentar la justicia y que para ello no enajenó sus bienes. Dijo que es una ironía del destino que se tenga que demostrar la verdad ante quienes considera "golpistas", refiriéndose a policías que denunciaron los apremios físicos, primero en la comisaría 11ª y luego en la Marina.
El ex ministro indicó que actuó conforme a la ley. Dijo que Alfredo Cáceres (uno de los supuestos torturados) tomó la Policía y que allí le detuvo, en mayo de 2000. "Él (Cáceres) tiene que explicar por qué se proclamó comandante de la Policía. Hay miles de testigos que pueden decir que actué conforme a la ley", recalcó.