En nuestro país hay escasos antecedentes de incautación de bienes de narcotraficantes. Uno de los casos es el de Claudair Lopes de Olveira, cuyos bienes –una estancia de 2.700 hectáreas, una avioneta, muebles y electrodomésticos– fueron subastados en el 2005, con lo cual se obtuvo un total de G. 1.100 millones.

La subasta del inmueble, por G. 814 millones, quedó posteriormente sin efecto, porque estaba a nombre de otra persona, un ciudadano oriental, pero permanece embargado.

Al supuesto narcotraficante Arnaldo Moreira de Macedo, o Ronaldo Alves da Silva o Ronaldo Alves dos Santos, y Avelina Concepción García (su esposa), se les embargaron bienes por 2 millones de dólares, entre los cuales se encontraban dos estancias en Concepción y una granja modelo, un avión, lujosos vehículos blindados y una residencia en Luque.

En diciembre del 2007, el juez Hugo Sosa Pasmor “devolvió” dos camionetas, tres camiones y dos motocicletas a la pareja de Moreira de Macedo, tras decretar su sobreseimiento en un caso de lavado de dinero. Es por esta persona que el ministro Bajac fue a “abogar” ante el fiscal Arnaldo Giuzzio, acompañado de la abogada de Moreira.

En el 2004, la Corte Suprema pretendió “adueñarse” de una avioneta incautada al narcotraficante Luis Rafaele Marcelino, lo cual quedó luego sin efecto.

La Ley 1340 establece que los bienes comisados en virtud de procedimientos realizados para el combate del narcotráfico deben ser subastados y el importe correspondiente distribuido de la siguiente manera: el 70% para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el 30% para el Ministerio Público.