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El previsto rechazo de los legisladores brasileños de una minoría, se apresurarán en aclarar algunos de las expresiones de deseos que con un gran fanfarria firmaron los presidentes Lugo y Lula en Asunción es la plena confirmación de lo que advertíamos: que el Legislativo brasileño fue, es y será un escenario hostil para cualquier reivindicación que provenga del Paraguay, y con mayor razón si esos reclamos pretenden corregir décadas de injusticia en la explotación de los beneficios de la gran central hidroeléctrica, de la que, por el derecho natural y positivo, nuestra república es propietaria condómina por partes iguales, lo que el Brasil se emperra en no reconocer. Insistimos e insistiremos hasta el cansancio: en Itaipú, la República del Paraguay es dueña del 50% del recurso hidráulico que hace posible el milagro de la energía en la gran usina, así como propietaria del 50% de esa energía. Por consiguiente, que el Ejecutivo brasileño acceda a firmar un documento que ofrece incluso US$ 360 millones por año por 38 millones de megavatios hora no es un acto de filantropía ni mucho menos de justicia; es una verdadera pichincha, apenas el inicio de un gesto de reparación histórica que espera la Nación paraguaya de la República Federativa del Brasil.El previsto rechazo de los legisladores brasileños de una minoría, se apresurarán en aclarar algunos de las expresiones de deseos que con gran fanfarria firmaron el sábado 25 los presidentes Lula y Lugo en Asunción es la plena confirmación de lo que advertíamos el día siguiente de la firma, que el Legislativo brasileño fue, es y será un escenario hostil para cualquier reivindicación que provenga de la República del Paraguay, y con mayor razón si esos reclamos pretenden corregir décadas de injusticia en la explotación de los beneficios de la gran central hidroeléctrica, de la que, por el derecho natural y positivo, nuestra república es propietaria condómina por partes iguales, lo que el Brasil se emperra en no reconocer.
Si ni siquiera los documentos relativos al genocidio que sus antepasados perpetraron contra nuestra floreciente nación entre los años 1865 y 1870 autorizan liberar, no debe extrañarnos que los voceros más recalcitrantes, entre ellos Alvaro Dias, ex gobernador de uno de los estados brasileños más limítrofes con nuestro país, acusen de "entreguista" a Lula, porque este "se atrevió" a suscribir con su colega paraguayo una edulcorada y ambigua simple declaración de intenciones, en la que, lejos de reconocer la plenitud de nuestros derechos soberanos en Itaipú, de nuevo nos ofrecen un poquito más que lo que nos "pagan", si a lo que hoy recibimos puede llamarse paga.
Sin embargo, el alboroto adquiere las estridencias del escándalo si examinamos las nuevas declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, caracterizado como uno de los "duros" del Gobierno de Lula contra los derechos paraguayos, obviamente, quien ayer repitió, solo cuatro días después de que su superior firmara en Asunción con su par paraguayo la embustera declaración de referencia, que nuestro país tiene una deuda con el suyo por la construcción de la usina (¡¿!?).
Según un despacho de ANSA fechado ayer en Brasilia, el señor Lobão sostiene que su país "puede reducir los intereses cobrados a Paraguay por una deuda y con ello es posible que se evite desembolsar los US$ 360 millones prometidos por el presidente Luiz Lula da Silva a su colega Fernando Lugo".
Mentiroso o de mala fe, cuando se refiere a la deuda de la entidad en forma tergiversada vuelve a imputarla a nuestro país, pero muy preciso cuando habla del contenido del documento que se firmó el sábado 25 en nuestra capital, cuando menciona que los US$ 360 millones solo fueron "prometidos" por el presidente Luiz Lula da Silva a su colega Fernando Lugo.
La interpretación de los periodistas brasileños de las expresiones de Lobão, pese a lo disparatado que parece, no debería subestimarse, porque así nos enseña la experiencia en nuestra ya extensa e ingrata relación comercial con nuestros socios en Itaipú: "La declaración de Lobão indica, en principio, que Brasil no entregará ese aumento del bono en dinero (pago en concepto de compensación por cesión de energía), sino que lo descontará del pasivo paraguayo, señalan los analistas", añade ANSA en su despacho de la víspera.
Si eso indican las expresiones del ministro de Minas y Energía del gabinete de Lula, no sería arriesgado concluir que la declaración de intenciones del 25 de julio es una burla de mal gusto. Algo parecido a la que nos hicieron en 1995, año en que el Ejecutivo brasileño firmó con nuestro Gobierno Wasmosy un nuevo Anexo A o estatuto para la entidad, en el que se consagraba la cogestión binacional plena hasta el nivel de las superintendencias del organigrama administrativo de la binacional, documento que fue increíblemente "extraviado" en los cajones de algún legislador del Poder Legislativo brasileño.
A las declaraciones de Lobão deben sumarse las de la Federación de Industriales de São Paulo (FIESP), poderoso gremio industrial de la gran urbe brasileña, una suerte de tentáculo privado de la Cancillería de ese país, que se jacta de su inflexibilidad cuasi imperialista ante los reclamos paraguayos sencillamente porque sus socios brasileños o extranjeros son los más beneficiados con el excedente paraguayo, que desde hace tiempo viene oponiéndose a la supuesta política "filantrópica" del Gobierno brasileño hacia el presidente paraguayo Fernando Lugo.
¿A qué "política filantrópica" se refiere la FIESP? ¿Acaso se olvida de que su país, gracias a la energía paraguaya de Itaipú, tiene el privilegiado lugar que hoy ocupa en el mundo entre los países ricos, y que su socio condómino, por partes iguales, Paraguay, se debate en el surrealista escenario con casi el 50% de su población en la pobreza?
Se olvidan, sin dudas, de que por muchos años han estado aprovechándose en forma vil de la cuantiosa energía paraguaya casi a precio de costo, y que esa energía es uno de los factores que impulsaron su desarrollo.
Insistimos e insistiremos hasta el cansancio: en Itaipú, la República del Paraguay es dueña del 50% del recurso hidráulico que hace posible el milagro de la energía en la gran usina, así como propietaria del 50% de esa energía. Por consiguiente, que el Ejecutivo brasileño acceda a firmar un documento que ofrece incluso US$ 360 millones por año por 38 millones de megavatios hora no es un acto de filantropía ni mucho de menos de justicia; es una verdadera pichincha, apenas el inicio de un gesto de reparación histórica que espera la Nación paraguaya de la República Federativa del Brasil, no solo por los crímenes de la guerra genocida, sino por la inicua explotación de sus recursos energéticos en Itaipú desde hace 24 años.
Por lo tanto, es preciso que nuestras autoridades, los negociadores y el pueblo paraguayo tomen muy en serio las señales de alarma que se están encendiendo en el Legislativo brasileño, y que continúen firmes y sin pausas los reclamos históricos de nuestro país en pos de la recuperación de nuestra soberanía sobre el 50% de toda la producción de Itaipú, el justo precio, la exhaustiva revisión de la deuda de Itaipú y el retorno al espíritu del Acta de Foz de Yguazú, en la que claramente se confiere a Brasil solo el DERECHO DE PREFERENCIA.
Si ni siquiera los documentos relativos al genocidio que sus antepasados perpetraron contra nuestra floreciente nación entre los años 1865 y 1870 autorizan liberar, no debe extrañarnos que los voceros más recalcitrantes, entre ellos Alvaro Dias, ex gobernador de uno de los estados brasileños más limítrofes con nuestro país, acusen de "entreguista" a Lula, porque este "se atrevió" a suscribir con su colega paraguayo una edulcorada y ambigua simple declaración de intenciones, en la que, lejos de reconocer la plenitud de nuestros derechos soberanos en Itaipú, de nuevo nos ofrecen un poquito más que lo que nos "pagan", si a lo que hoy recibimos puede llamarse paga.
Sin embargo, el alboroto adquiere las estridencias del escándalo si examinamos las nuevas declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, caracterizado como uno de los "duros" del Gobierno de Lula contra los derechos paraguayos, obviamente, quien ayer repitió, solo cuatro días después de que su superior firmara en Asunción con su par paraguayo la embustera declaración de referencia, que nuestro país tiene una deuda con el suyo por la construcción de la usina (¡¿!?).
Según un despacho de ANSA fechado ayer en Brasilia, el señor Lobão sostiene que su país "puede reducir los intereses cobrados a Paraguay por una deuda y con ello es posible que se evite desembolsar los US$ 360 millones prometidos por el presidente Luiz Lula da Silva a su colega Fernando Lugo".
Mentiroso o de mala fe, cuando se refiere a la deuda de la entidad en forma tergiversada vuelve a imputarla a nuestro país, pero muy preciso cuando habla del contenido del documento que se firmó el sábado 25 en nuestra capital, cuando menciona que los US$ 360 millones solo fueron "prometidos" por el presidente Luiz Lula da Silva a su colega Fernando Lugo.
La interpretación de los periodistas brasileños de las expresiones de Lobão, pese a lo disparatado que parece, no debería subestimarse, porque así nos enseña la experiencia en nuestra ya extensa e ingrata relación comercial con nuestros socios en Itaipú: "La declaración de Lobão indica, en principio, que Brasil no entregará ese aumento del bono en dinero (pago en concepto de compensación por cesión de energía), sino que lo descontará del pasivo paraguayo, señalan los analistas", añade ANSA en su despacho de la víspera.
Si eso indican las expresiones del ministro de Minas y Energía del gabinete de Lula, no sería arriesgado concluir que la declaración de intenciones del 25 de julio es una burla de mal gusto. Algo parecido a la que nos hicieron en 1995, año en que el Ejecutivo brasileño firmó con nuestro Gobierno Wasmosy un nuevo Anexo A o estatuto para la entidad, en el que se consagraba la cogestión binacional plena hasta el nivel de las superintendencias del organigrama administrativo de la binacional, documento que fue increíblemente "extraviado" en los cajones de algún legislador del Poder Legislativo brasileño.
A las declaraciones de Lobão deben sumarse las de la Federación de Industriales de São Paulo (FIESP), poderoso gremio industrial de la gran urbe brasileña, una suerte de tentáculo privado de la Cancillería de ese país, que se jacta de su inflexibilidad cuasi imperialista ante los reclamos paraguayos sencillamente porque sus socios brasileños o extranjeros son los más beneficiados con el excedente paraguayo, que desde hace tiempo viene oponiéndose a la supuesta política "filantrópica" del Gobierno brasileño hacia el presidente paraguayo Fernando Lugo.
¿A qué "política filantrópica" se refiere la FIESP? ¿Acaso se olvida de que su país, gracias a la energía paraguaya de Itaipú, tiene el privilegiado lugar que hoy ocupa en el mundo entre los países ricos, y que su socio condómino, por partes iguales, Paraguay, se debate en el surrealista escenario con casi el 50% de su población en la pobreza?
Se olvidan, sin dudas, de que por muchos años han estado aprovechándose en forma vil de la cuantiosa energía paraguaya casi a precio de costo, y que esa energía es uno de los factores que impulsaron su desarrollo.
Insistimos e insistiremos hasta el cansancio: en Itaipú, la República del Paraguay es dueña del 50% del recurso hidráulico que hace posible el milagro de la energía en la gran usina, así como propietaria del 50% de esa energía. Por consiguiente, que el Ejecutivo brasileño acceda a firmar un documento que ofrece incluso US$ 360 millones por año por 38 millones de megavatios hora no es un acto de filantropía ni mucho de menos de justicia; es una verdadera pichincha, apenas el inicio de un gesto de reparación histórica que espera la Nación paraguaya de la República Federativa del Brasil, no solo por los crímenes de la guerra genocida, sino por la inicua explotación de sus recursos energéticos en Itaipú desde hace 24 años.
Por lo tanto, es preciso que nuestras autoridades, los negociadores y el pueblo paraguayo tomen muy en serio las señales de alarma que se están encendiendo en el Legislativo brasileño, y que continúen firmes y sin pausas los reclamos históricos de nuestro país en pos de la recuperación de nuestra soberanía sobre el 50% de toda la producción de Itaipú, el justo precio, la exhaustiva revisión de la deuda de Itaipú y el retorno al espíritu del Acta de Foz de Yguazú, en la que claramente se confiere a Brasil solo el DERECHO DE PREFERENCIA.