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El fiscal Miguel Rojas planteó un juicio de prejudicialidad para determinar el dominio real de la propiedad. Existen fuertes sospechas de que los títulos están superpuestos.VILLA YGATIMÍ (Pablo Medina, corresponsal). Los nativos aché aseguran que son dueños ancestrales del inmueble, mientras los hermanos Volnei y Luis Carlos Ricardi se amparan en la adquisición de las tierras en subasta pública.
Por otro lado, los campesinos "sin tierra", provenientes del departamento de San Pedro, mantienen la postura de que la propiedad sería un excedente fiscal, lo que de confirmarse deberá ser adjudicada a los beneficiarios de la reforma agraria.
Los líderes nativos se amparan en la Ley 224 del 25 de junio de 1993 por la que "se declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo un inmueble propiedad de la firma Curupay SA, individualizado como Finca Nº 12, con una superficie de 6.475 hectáreas 9.588 m² y 2.121 cm²".
"El referido inmueble está inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, quinta Sección, distrito de Curuguaty, bajo el Nº 8, folio 23 y siguientes del año 1975 y con el Nº 13, folio 46 y siguientes del año 1988, Padrón Nº 65, propiedad de Ramón Martínez Blanco y de la firma "Curupay SA", respectivamente, precisa la Ley 224 de 1993.
Expropiado
El inmueble en cuestión fue expropiado y luego transferido al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para su adjudicación en forma exclusiva de la etnia ache de la comunidad Chupapou, asentado en este distrito.
Por la misma ley de expropiación se procedió a indemnizar al presunto legítimo propietario del inmueble, expropiado de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 109 de la Constitución Nacional. El primer pago a la viuda de Ramón Martínez Blanco se fijó en G. 480 millones. El segundo desembolso del Estado se pactó con Ignacio Flores Ferrari, en G. 1.300 millones, lo que totaliza una erogación de G. 1.800 millones.
Nuevos dueños
Los empresarios Volnei y Luis Carlos Ricardi alegan que adquirieron en subasta pública del Banco General (en quiebra) el inmueble de 1.998 hectáreas, individualizado como finca 4027, padrón 4203 bajo el Nº 4 de fecha 9 de junio de 2007. El precio fue fijado en 100.000 dólares. Un año después obtuvo un recurso de amparo firmado por el juez en lo Civil de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado.
Si bien los datos no coinciden, el fiscal Miguel Ángel Rojas sospecha que el inmueble posee títulos superpuestos. El funcionario planteó ante el juez de Garantías, José Benítez, un juicio de prejudicialidad para determinar al verdadero dueño de la propiedad en cuestión.
Por otro lado, los campesinos "sin tierra", provenientes del departamento de San Pedro, mantienen la postura de que la propiedad sería un excedente fiscal, lo que de confirmarse deberá ser adjudicada a los beneficiarios de la reforma agraria.
Los líderes nativos se amparan en la Ley 224 del 25 de junio de 1993 por la que "se declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo un inmueble propiedad de la firma Curupay SA, individualizado como Finca Nº 12, con una superficie de 6.475 hectáreas 9.588 m² y 2.121 cm²".
"El referido inmueble está inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, quinta Sección, distrito de Curuguaty, bajo el Nº 8, folio 23 y siguientes del año 1975 y con el Nº 13, folio 46 y siguientes del año 1988, Padrón Nº 65, propiedad de Ramón Martínez Blanco y de la firma "Curupay SA", respectivamente, precisa la Ley 224 de 1993.
Expropiado
El inmueble en cuestión fue expropiado y luego transferido al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para su adjudicación en forma exclusiva de la etnia ache de la comunidad Chupapou, asentado en este distrito.
Por la misma ley de expropiación se procedió a indemnizar al presunto legítimo propietario del inmueble, expropiado de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 109 de la Constitución Nacional. El primer pago a la viuda de Ramón Martínez Blanco se fijó en G. 480 millones. El segundo desembolso del Estado se pactó con Ignacio Flores Ferrari, en G. 1.300 millones, lo que totaliza una erogación de G. 1.800 millones.
Nuevos dueños
Los empresarios Volnei y Luis Carlos Ricardi alegan que adquirieron en subasta pública del Banco General (en quiebra) el inmueble de 1.998 hectáreas, individualizado como finca 4027, padrón 4203 bajo el Nº 4 de fecha 9 de junio de 2007. El precio fue fijado en 100.000 dólares. Un año después obtuvo un recurso de amparo firmado por el juez en lo Civil de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado.
Si bien los datos no coinciden, el fiscal Miguel Ángel Rojas sospecha que el inmueble posee títulos superpuestos. El funcionario planteó ante el juez de Garantías, José Benítez, un juicio de prejudicialidad para determinar al verdadero dueño de la propiedad en cuestión.