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Sin embargo, las autoridades de este poder del Estado nunca se han tomado por aludidos, a pesar de que el índice acusador de la opinión pública apunta directamente al rostro de todos ellos.
La clase política del país trató por todos los medios de eludir también su responsabilidad de renovar la integración del Poder Judicial buscando atajos inapropiados como la jubilación anticipada y privilegiada. El cuestionamiento al Poder Judicial no es nuevo ni es un capricho de los nuevos gobernantes instalados en el Ejecutivo y el Legislativo.
El problema es antiguo y existe como un consenso no escrito de que los responsables de la impunidad deben ser cambiados. Constitucionalmente esa atribución la tiene el Congreso, pero muchos de sus miembros tratan de eludir la jeringa, aunque la historia marcará con fuego a quienes no están a la altura de sus responsabilidades a la hora de la verdad, que será la hora del juicio político a los miembros de la Corte.
Aparenta ser incorrecto que en una cuestión judicial participen activamente figuras políticas como los líderes de partidos y las cabezas de los demás poderes del Estado. Mientras sus acciones se limiten a establecer acuerdos de procedimientos para la renovación y a buscar coincidencias de objetivos superiores ajustados a principios y valores, no habrá problemas. Pero si las reuniones políticas en torno a la renovación de la Corte se transforman en una componenda y repartija de cuotas, el proceso terminará en un bumerán para los líderes políticos.
MALA FAMA
El problema de la mala calidad de la justicia estalló cuando el consejo impulsor del plan nacional de lucha contra la corrupción en el Paraguay ordenó la realización de un diagnóstico sobre los patrones de comportamiento y desempeño institucional, gobernabilidad y corrupción en el sector público.
Con el apoyo del Banco Mundial, una empresa privada especializada hizo tres encuestas de opinión dirigidas a funcionarios del Estado, a usuarios de los servicios públicos y empresarios. La toma de datos estuvo a cargo de GEO (Gabinete de Estudios de Opinión) y el informe fue elaborado por el Instituto del Banco Mundial.
Uno de los resultados más asombrosos fue que el Poder Judicial apareciera como la institución que -a los ojos de los funcionarios- recibe más sobornos. Recuérdese que las encuestas estaban dirigidas a funcionarios, usuarios y empresarios.
El Poder Judicial intentó por todos los medios rebatir, desmentir y hasta borrar los datos. Fue imposible porque la información se filtró a pesar del intento del propio Banco Mundial de ocultarla.
Esto permitió que el Poder Judicial se ganara el título de "La institución más corrupta" ¿Cómo puede ser que la institución que debe combatir la corrupción sea la más corrupta?
Nadie supo explicarlo.
Tienen la palabra los diputados y senadores. Aquellos parlamentarios que no voten por el juicio político tendrán que ir preparando una buena explicación a sus electores. De lo contrario, nadie podrá separar sus nombres y los de su familia de la corrupción imperante en el país.
La clase política del país trató por todos los medios de eludir también su responsabilidad de renovar la integración del Poder Judicial buscando atajos inapropiados como la jubilación anticipada y privilegiada. El cuestionamiento al Poder Judicial no es nuevo ni es un capricho de los nuevos gobernantes instalados en el Ejecutivo y el Legislativo.
El problema es antiguo y existe como un consenso no escrito de que los responsables de la impunidad deben ser cambiados. Constitucionalmente esa atribución la tiene el Congreso, pero muchos de sus miembros tratan de eludir la jeringa, aunque la historia marcará con fuego a quienes no están a la altura de sus responsabilidades a la hora de la verdad, que será la hora del juicio político a los miembros de la Corte.
Aparenta ser incorrecto que en una cuestión judicial participen activamente figuras políticas como los líderes de partidos y las cabezas de los demás poderes del Estado. Mientras sus acciones se limiten a establecer acuerdos de procedimientos para la renovación y a buscar coincidencias de objetivos superiores ajustados a principios y valores, no habrá problemas. Pero si las reuniones políticas en torno a la renovación de la Corte se transforman en una componenda y repartija de cuotas, el proceso terminará en un bumerán para los líderes políticos.
MALA FAMA
El problema de la mala calidad de la justicia estalló cuando el consejo impulsor del plan nacional de lucha contra la corrupción en el Paraguay ordenó la realización de un diagnóstico sobre los patrones de comportamiento y desempeño institucional, gobernabilidad y corrupción en el sector público.
Con el apoyo del Banco Mundial, una empresa privada especializada hizo tres encuestas de opinión dirigidas a funcionarios del Estado, a usuarios de los servicios públicos y empresarios. La toma de datos estuvo a cargo de GEO (Gabinete de Estudios de Opinión) y el informe fue elaborado por el Instituto del Banco Mundial.
Uno de los resultados más asombrosos fue que el Poder Judicial apareciera como la institución que -a los ojos de los funcionarios- recibe más sobornos. Recuérdese que las encuestas estaban dirigidas a funcionarios, usuarios y empresarios.
El Poder Judicial intentó por todos los medios rebatir, desmentir y hasta borrar los datos. Fue imposible porque la información se filtró a pesar del intento del propio Banco Mundial de ocultarla.
Esto permitió que el Poder Judicial se ganara el título de "La institución más corrupta" ¿Cómo puede ser que la institución que debe combatir la corrupción sea la más corrupta?
Nadie supo explicarlo.
Tienen la palabra los diputados y senadores. Aquellos parlamentarios que no voten por el juicio político tendrán que ir preparando una buena explicación a sus electores. De lo contrario, nadie podrá separar sus nombres y los de su familia de la corrupción imperante en el país.