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Se habla de maniobras en el alto tribunal por intereses económicos.El Poder Judicial dispone de G. 3.000 millones para las celebraciones por el bicentenario.
Por resolución número 2956 del 22 de febrero de 2010 se aprobó la contratación del servicio de ceremonial para los festejos de la empresa "Organización Integral" por G. 1.479 millones.
Según la resolución, se llamó a una licitación y el comité de evaluación estuvo conformado por el director general de administración y finanzas, Roberto Torres; Lic. José Benítez Isasi, asesor administrativo del presidente Benítez Riera; Rosa Santacruz, directora financiera; Gustavo Chamorro, director de administración, y la abogada Mirtha Morínigo de Florentín, asesora jurídica.
La Corte hasta ahora no informó los detalles de los servicios que prestó la empresa que ganó la supuesta licitación, para que la ciudadanía sepa si se gastó bien o no el dinero público.
La parte administrativa del Poder Judicial se maneja entre cuatro paredes. Los periodistas no tienen acceso a las informaciones, por ejemplo del Consejo de Superintendencia, en donde se establecen viáticos, bonificaciones, combustible, etc., a los ministros y altos funcionarios "apadrinados" por políticos.
Si ya se dispuso el uso de casi G. 1.500 millones, todavía faltan usar la misma suma.
Según fuentes judiciales, se estarían "cajoneando" en la cúpula de la Corte adjudicaciones a empresas que habrían ganado un concurso de precios. Se habla de intereses económicos y que algunos funcionarios estarían maniobrando para que las adjudicaciones sigan "congeladas".
La Corte, hasta ahora, a través de su dirección de comunicaciones, para la que pidió más dinero, no informó sobre el uso del dinero público.
Los ministros del alto tribunal hablan de transparencia, que en la práctica no se da.
La Corte, presidida por Benítez Riera, está integrada por los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta, Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Víctor Núñez y César Garay.
Celebración sobria
- Por resolución número 2899 del 21 de diciembre de 2010, los ministros de la Corte autorizaron el llamado a licitación pública para la "contratación del servicio de ceremonial para el Bicentenario de la Patria y se amplía el plan anual de contrataciones de la Corte Suprema".
- En dicha resolución, el ministro César Garay hizo una observación que señala: "La digna celebración del Bicentenario de nuestra Patria cabe a plenitud realizar con el máximo esmero, forjándola sobria, sencilla y sin ninguna clase de alardes, evitando gastos dispendiosos que el Pueblo Paraguayo pudiera cuestionar".
- La Corte tiene la obligación de transparentar el manejo del dinero público. En este caso, se desconocen detalles en que se usaron casi G. 1.500 millones y también se habla de un llamativo "cajoneo" de adjudicaciones.
Por resolución número 2956 del 22 de febrero de 2010 se aprobó la contratación del servicio de ceremonial para los festejos de la empresa "Organización Integral" por G. 1.479 millones.
Según la resolución, se llamó a una licitación y el comité de evaluación estuvo conformado por el director general de administración y finanzas, Roberto Torres; Lic. José Benítez Isasi, asesor administrativo del presidente Benítez Riera; Rosa Santacruz, directora financiera; Gustavo Chamorro, director de administración, y la abogada Mirtha Morínigo de Florentín, asesora jurídica.
La Corte hasta ahora no informó los detalles de los servicios que prestó la empresa que ganó la supuesta licitación, para que la ciudadanía sepa si se gastó bien o no el dinero público.
La parte administrativa del Poder Judicial se maneja entre cuatro paredes. Los periodistas no tienen acceso a las informaciones, por ejemplo del Consejo de Superintendencia, en donde se establecen viáticos, bonificaciones, combustible, etc., a los ministros y altos funcionarios "apadrinados" por políticos.
Si ya se dispuso el uso de casi G. 1.500 millones, todavía faltan usar la misma suma.
Según fuentes judiciales, se estarían "cajoneando" en la cúpula de la Corte adjudicaciones a empresas que habrían ganado un concurso de precios. Se habla de intereses económicos y que algunos funcionarios estarían maniobrando para que las adjudicaciones sigan "congeladas".
La Corte, hasta ahora, a través de su dirección de comunicaciones, para la que pidió más dinero, no informó sobre el uso del dinero público.
Los ministros del alto tribunal hablan de transparencia, que en la práctica no se da.
La Corte, presidida por Benítez Riera, está integrada por los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta, Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Víctor Núñez y César Garay.
Celebración sobria
- Por resolución número 2899 del 21 de diciembre de 2010, los ministros de la Corte autorizaron el llamado a licitación pública para la "contratación del servicio de ceremonial para el Bicentenario de la Patria y se amplía el plan anual de contrataciones de la Corte Suprema".
- En dicha resolución, el ministro César Garay hizo una observación que señala: "La digna celebración del Bicentenario de nuestra Patria cabe a plenitud realizar con el máximo esmero, forjándola sobria, sencilla y sin ninguna clase de alardes, evitando gastos dispendiosos que el Pueblo Paraguayo pudiera cuestionar".
- La Corte tiene la obligación de transparentar el manejo del dinero público. En este caso, se desconocen detalles en que se usaron casi G. 1.500 millones y también se habla de un llamativo "cajoneo" de adjudicaciones.