La legendaria bahía de Asunción y su entorno, de la que podrían decirse cuna de la fundación de la capital paraguaya, testigo de los tiempos de mayor opulencia y escenario de importantes acontecimientos históricos, hoy se hallan convertidos en poco menos que un vertedero de desechos, asentamiento marginal y una cloaca a cielo abierto.
Como hábitat natural de incalculable valor ecológico y ambiental, la zona aledaña a la bahía de Asunción y el banco San Miguel albergan valiosas especies de la flora y la fauna local, además de ser un importante refugio de aves migratorias que cada año atraviesan todo el continente de norte a sur.
Sin embargo, los desperdicios cloacales de la misma Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) siguen llegando a diario a la zona con toda su carga contaminante de colectores, sin que los efluentes sean previamente depurados. La tecnología de hoy prueba la facilidad con que pueden tratarse los efluentes sin incurrir en costos siderales y con técnicas muy sencillas.
Por el lado de la avenida Artigas y la calle San Estanislao llegan a la zona los carriteros, camionetas y volquetes que no paran de ingresar a la zona cargados con desperdicios sólidos que levantan de las calles de la ciudad.
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Cualquier industria que produce gran cantidad de desechos químicos especialmente, que no son tratados adecuadamente, prefiere una salida fácil: entregarlos a un recolector informal o utilizar sus mismos camiones para descargarlos en el banco San Miguel y la bahía.
Debido a la gran carga contaminante que existe en la zona, con frecuencia se dan casos de mortandad de peces, vacas y caballos que consumen basura tóxica. Por fortuna no se han dado casos de víctimas humanas.
La Ley 2715/2005 declara como “Area Silvestre Protegida, con la categoría de manejo de Reserva Ecológica, al Banco San Miguel y la Bahía de Asunción y sus lechos y álveos”. La declaración afecta a unas 300 hectáreas de la gran península formada entre el río Paraguay y el espejo de agua que es la bahía.
Esta misma legislación dice, en su artículo cuarto, que “para preservar el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el sistema hídrico, con el objetivo de la conservación de la diversidad y de la dinámica de las comunidades biológicas, se deberá considerar el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua, para lo cual la Secretaría del Ambiente determinará el nivel hídrico mínimo y controlará su cumplimiento”.
Alude la norma que el plan de manejo del área deberá “atender de manera prioritaria la gestión de los efluentes, los residuos y los desechos que resulten de la actividad económica y social de la zona de amortiguamiento del área, a fin de que antes de ser vertidos o arrojados a las aguas de la bahía de Asunción, los mismos reciban el tratamiento adecuado para evitar la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales o subterráneas (...), evitando la degradación de la salud humana, la flora, la fauna y la viabilidad del recurso hídrico”.
Hasta ahora, todo esto constituye un lindo verso con la mejor de las intenciones. En síntesis: es letra muerta.
A iniciativa de la Fundación Milenio, varias instituciones públicas y una ONG presentaron esta semana un “plan de medidas para salvar de la contaminación la bahía de Asunción”. Las instituciones involucradas son la Municipalidad de Asunción, la Secretaría del Ambiente, la Fiscalía Penal Ambiental del Ministerio Público, la Asociación Guyrá Paraguay y la Policía Nacional.
Entre las propuestas figuran el control de actividades impactantes al ambiente en la zona, el control de acceso de residuos en el lugar y la limpieza del sector.
La promesa de acciones similares para este lugar no es nueva y viene reiterándose cada tanto desde hace un par de años. Sobre todo cuando las instituciones públicas tratan de justificar sus acciones y buscar apoyos de organismos internacionales. Si son financieros, tanto mejor.
Es de esperarse que, esta vez, el tema sea abordado con la seriedad que requiere el caso y de una vez por todas las instituciones y autoridades involucradas cumplan con sus obligaciones legales de velar por la preservación de la bahía de Asunción.
También es de esperar que la fiscalía empiece a tomar medidas concretas y aplique las sanciones establecidas en la Ley 1160/97 del Código Penal para las transgresiones contra “otras zonas de igual protección”, dentro de las que se incluye el área en cuestión.
Caso contrario, este anuncio será más de lo mismo, puro verso y justificación de la inoperancia de las autoridades de turno.