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Los nativos aché aseguran que son dueños ancestrales del inmueble, mientras los hermanos Volnei y Luis Carlos Ricardi se amparan en la adquisición de las tierras en subasta pública.
Los líderes nativos se amparan en la Ley 224 del 25 de junio de 1993 por la que "se declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo un inmueble propiedad de la firma Curupay SA, individualizada como finca Nº 12, con una superficie de 6.475 hectáreas 9.588 m² y 2.121 cm².
"El referido inmueble está inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Quinta Sección, distrito de Curuguaty, bajo el Nº 8, folio 23 y siguientes del año 1975 y con el Nº 13, folio 46 y siguientes del año 1988, Padrón Nº 65, propiedad de Ramón Martínez Blanco y de la firma Curupay SA, respectivamente", precisa la Ley 224 de 1993.
Los empresarios Volnei y Luis Carlos Ricardi alegan que adquirieron en subasta pública del Banco General (en quiebra) el inmueble de 1998 hectáreas, individualizado como finca 4027, padrón 4203, bajo el Nº 4 de fecha 9 de junio de 2007. El precio fue fijado en 100.000 dólares. Un año después obtuvo un recurso de amparo firmado por el juez en lo Civil de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado.
Si bien los datos no coinciden, el fiscal Miguel Ángel Rojas sospecha que el inmueble posee títulos superpuestos. El funcionario planteó un juicio de prejudicialidad.
Los líderes nativos se amparan en la Ley 224 del 25 de junio de 1993 por la que "se declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo un inmueble propiedad de la firma Curupay SA, individualizada como finca Nº 12, con una superficie de 6.475 hectáreas 9.588 m² y 2.121 cm².
"El referido inmueble está inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Quinta Sección, distrito de Curuguaty, bajo el Nº 8, folio 23 y siguientes del año 1975 y con el Nº 13, folio 46 y siguientes del año 1988, Padrón Nº 65, propiedad de Ramón Martínez Blanco y de la firma Curupay SA, respectivamente", precisa la Ley 224 de 1993.
Los empresarios Volnei y Luis Carlos Ricardi alegan que adquirieron en subasta pública del Banco General (en quiebra) el inmueble de 1998 hectáreas, individualizado como finca 4027, padrón 4203, bajo el Nº 4 de fecha 9 de junio de 2007. El precio fue fijado en 100.000 dólares. Un año después obtuvo un recurso de amparo firmado por el juez en lo Civil de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado.
Si bien los datos no coinciden, el fiscal Miguel Ángel Rojas sospecha que el inmueble posee títulos superpuestos. El funcionario planteó un juicio de prejudicialidad.