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SALTO DEL GUAIRA, Dpto. de Canindeyú (Rosendo Duarte, corresponsal). La muerte de Marcial Morán, presidente de la seccional colorada y hombre fuerte del negocio de cigarrillos en el Paraguay (manejaba la distribución en varios puntos del país), sella con sangre una vez más el negocio del tabaco. Si bien las investigaciones no pudieron aún determinar el motivo de la ejecución del dirigente partidario, no cabe dudas que está relacionado con el gran volumen de dinero que manejaba como articulador del millonario negocio del cigarrillo.
Marcial Morán era la inspiración del fronterizo. Llegó a la ciudad cuando era niño sin ningún lujo. Entre otras cosas, fue vendedor ambulante en bicicleta y carretilla, pero con el cigarrillo se convirtió en uno de los hombres más afortunados de la ciudad, en un tiempo relativamente corto.
En los últimos años, era considerado “el señor” del cigarrillo y por él pasaban las mejores marcas de tabaco que eran llevadas de contrabando al Brasil.
Su fortuna es inmensa y tiene más de 200 funcionarios en distintas empresas. En los últimos años, ha estado invirtiendo en la ciudad en la construcción de edificios y cuenta con participaciones en varias empresas en todo el país.
De sus propios peculios inició la remodelación de la seccional colorada con una inversión inicial de 150.000 dólares. En la campaña política invirtió más de 500.000 de la misma moneda para llegar a la titularidad de la seccional colorada, desde donde pretendía lanzarse a la conquista del gobierno departamental.
Su muerte fue lamentada por sus seguidores, especialmente porque se ha convertido en el mayor benefactor de la gente pobre de la ciudad. Decía que entraba en la política para devolver algo a la ciudad un poco de lo que este le había dado.
Pero Morán no es la única vida que se llevó el cigarrillo. Su nombre pasa a engrosar una fría lista de decenas de víctimas del lucrativo, pero peligroso mundo del tabaco.
En los últimos diez años, este producto, cuya venta es libre en todo el mundo, se convirtió en una mercadería disputada por el nivel de ganancia que produce y marginalizada por la forma en que es llevado al mercado brasileño, clandestinamente.
Entre algunas de las víctimas en la guerra del cigarrillo se recuerda a Luis Carlos Rando, alias “Gordo”, asesinado el 23 de abril del 2006. Lo siguió Robilson Hilario Maldonado (40 años), asesinado el 31 de octubre de ese mismo año. El 6 de marzo de 2008 fue muerto y quemado en su automóvil Dalto Fleitas, 50 años y en esa misma época fue muerto Carlos Renato Zamo, un funcionario de la Receita Federal que habría estado participando en el esquema de contrabando y cuando quiso salir lo eliminaron.
Los nombres citados son apenas algunos “peces gordos” cuyos casos saltaron en los últimos años. Existen decenas de otras muertes NN, en su mayoría violentas que guardan relación con el contrabando de cigarrillos.
La mayoría de los casos ocurrieron entre Salto y La Paloma, regiones preferidas por los contrabandistas para el envío de camionadas de cigarrillos nacionales al territorio brasileño.
En los primeros años del boom del cigarrillo, se realizó una fuerte persecución de las cargas enviadas a la frontera para su posterior envío al Brasil. Sin embargo, con el tiempo y especialmente durante el gobierno de Fernando Lugo, la producción y el tráfico del cigarrillo hacia la frontera con fines de contrabando se volvió un “negocio normal”.
En febrero de 2009 efectivos del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave) interceptaron un cargamento de más de 4.000 cajas de cigarrillos a 300 metros de la frontera. Los intervinientes fueron felicitados por Lugo, pero tras unos meses de sumario, sus propietarios pagaron irrisorias multas y retiraron sus mercaderías.
Según los datos, para el Gobierno el contrabando de cigarrillo es un problema de los países limítrofes como Brasil y Argentina, en donde ingresa el producto en forma clandestina. No obstante, la gran mayoría de los intermediarios, pasistas y contrabandistas siguen siendo obligados a pagar fuertes coimas a la gran mayoría de los responsables de instituciones públicas para evitar molestias.