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La vendedora Rosalina Bogado instaló en esferas judiciales un insólito reclamo, al exigir a través de una demanda una millonaria indemnización, por la utilización de su imagen sin autorización en una propaganda del Gobierno. La acción, presentada con patrocinio del abogado Ramón Fanego, está dirigida contra la publicitaria Nasta, la Secretaría de Comunicaciones del Estado, la entidad binacional Itaipú y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con su secretaría “Paraguay Todos”.
“Ella anda desnutrida por la calle y ni siquiera sabe que está desnutrida. Basta de impunidad. No más corrupción. Es hora que el peso de la ley caiga sobre los responsables”. Ese es el texto que acompaña la foto tomada en la vía pública de una mujer, en la publicidad de la campaña contra la corrupción y la impunidad, realizada por el gobierno de Fernando Lugo, con fondos de la entidad binacional Itaipú.
El referido material fue divulgado por diferentes medios escritos y televisivos y también por internet, a partir del mes de mayo.
La vendedora sostiene que la difusión de su imagen, a su decir “desarreglada” y con el texto referido anteriormente, le expone de una manera denigrante, situación que ha generado un daño moral, sicológico y material a toda su familia. En ese sentido, la demandante afirma que tanto ella como su hija están siguiendo tratamiento siquiátrico.
“Estas publicaciones han causado un mal irreparable al violar la intimidad personal mía y familiar, y al hacerlo en la forma denigrante que la publicaron, no solo ha menoscabado mi tarea diaria de vendedora, afectándome mentalmente, sino a toda mi familia, sino que ha afectado el entorno de mi hija menor, quien como consecuencia de la publicación se encierra en casa y no solo no va al colegio, sino que no quiere ver ni hablar a sus amigos, por vergüenza a las burlas de los mismos”, refiere la acción.
Monto reclamado
Rosalina exige una indemnización de G. 500 millones bajo los siguientes conceptos: G. 147 millones por daños y perjuicios, G. 300 millones por daño moral, G. 8 millones para solventar el tratamiento médico y G. 45 millones por lucro cesante.
Como medida de urgencia, la demandante solicitó la suspensión de la divulgación de la propaganda cuestionada.
El caso fue inicialmente derivado al juzgado en lo civil y comercial a cargo del juez Hugo Bécker, quien admitió la demanda pero no hizo lugar a la medida de urgencia. El magistrado alegó que la medida requerida no tiene relación con la sentencia a ser dictada.
Bécker se apartó del caso en la semana pasada, luego de que los abogados de la entidad binacional Itaipú lo recusaron sin expresión de causa. Ahora el expediente está a cargo del juez Nery Joel Kunzle, quien deberá expedirse sobre las excepciones de falta de acción planteadas por las partes.