Comisión interinstitucional verificó minas de oro ilegales de Paso Yobái

Una comisión interinstitucional inspeccionó las minas de oro en Paso Yobái a finales de octubre. Aspectos como seguridad laboral, contaminación y empleo de niños fueron evaluados por los intervinientes. El resultado sería publicado esta semana.

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Por otro lado, la mayoría de la población del distrito se muestra indignada ante los riesgos que genera la explotación minera a raíz del uso del mercurio y la minoría que se beneficia con la actividad.PASO YOBÁI, Guairá. La polémica sobre la explotación de las minas de oro se renovó después de un análisis de las muestras de agua de la zona de Paso Yobái. El resultado despertó, nuevamente, la alerta sobre la contaminación de los cursos de agua del distrito con mercurio, un elemento químico altamente peligroso para la salud humana.

Los estudios se orientaron a detectar riesgos derivados del uso indiscriminado de mercurio y de otros aspectos vinculados con la explotación informal del oro. La comisión se expedirá sobre el respeto o no de las normas mínimas de seguridad industrial. Otro aspecto preocupante es la posible presencia de niños como trabajadores de las minas.

El epicentro aurífero es la compañía San Antonio, situada a 7 kilómetros del casco urbano de este distrito. Entre los explotadores más importantes están el concejal departamentales Óscar Chávez (ANR), padre del intendente, y Raúl Acosta (PLRA).

Precisamente, el intendente Édgar Chávez (ANR) minimizó el resultado del estudio realizado por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (Cemit) referente a la contaminación del arroyo Gasory y otros recursos hídricos del distrito, efluentes del río Tebicuary.

Incluso indicó que la empresa multinacional Latin American Minerals Paraguay (Lampa), la única con licencia para explorar las minas, está detrás del informe.

La comisión interinstitucional coordinada por María Teresa Saldívar, directora general de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) se constituyó en la zona para inspeccionar el ambiente en que operan los molinos que funcionan en forma ilegal. Estuvo integrada además por representantes del Ministerio de Justifica y Trabajo, del Ministerio de Salud y del viceministerio de Minas y Energía.

El equipo trabajó el 20 y 21 de octubre. Según María Teresa Saldívar, los resultados recién concluirían en 20 a 25 días, que se cumple esta semana. Sin embargo, llamativamente, antes de que se cumpla el plazo para la evaluación  ya fueron divulgados los informes que generaron la polémica en las últimas semanas a nivel nacional.

 gperez@abc.com.py   juan.decoud@abc.com.py
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