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El 22 de octubre último, el presidente de la Comisión Conjunta de Investigación del Lavado de Dinero, más conocida como comisión “garrote”, Dionisio Amarilla, hizo una invitación al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera, para que acuda ante dicha comisión.
El documento resalta que la convocatoria tenía que ver con el “expediente que afecta a un caso de remate en juicio de ejecución hipotecaria de la estancia denominada Cielo Azul”, que guarda relación con Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y Mauro Arnaldo Mereles. La convocatoria era para el 24 de octubre pasado.
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“A ese efecto se precisa ampliar la información sobre denuncias y auditorías que pudieron haber sido practicadas por la superintendencia de la CSJ”, dice el pedido del senador expulsado del partido liberal, Dionisio Amarilla.
Al día siguiente de recibir la invitación, el 23 de octubre, el presidente de la CSJ, responde a Dionisio y descarta asistir ante la comisión de apriete.
“Conforme al sorteo de rigor este magistrado que suscribe ha resultado preopinante en la misma causa penal, habiendo ya emitido su voto no se encuentra habilitado siendo esta la razón por la cual no se encuentra habilitado legalmente para concurrir personalmente a la sede parlamentaria y emitir declaraciones que pudieran afectar a la objetividad de los pronunciamientos que tengan que dictarse con motivo de la función jurisdiccional”, le responde el presidente de la Corte.
Además, le resalta al presidente de la comisión garrote que este caso se encuentra en proceso de auditoria.
“Concluido el proceso de auditoría, esta presidencia remitirá todos los antecedentes completos relativos al caso en cuestión”, dice en otro de los puntos de la respuesta que dieron desde la Corte.
A la respuesta que brindó Benítez Riera al presidente de la comisión garrote, adjunta algunos documentos que guardan relación precisamente con la auditoría.
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Presionaron a Pucheta
Ese mismo 24 de octubre, fecha en que pidieron al ministro de la CSJ que asistiera, estuvo la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, a quien intentaron presionar para instar a una sanción al juez del 5º turno en lo Civil y Comercial, Agustín Rivas Laguardia, por haber ordenado en su momento el remate judicial de un inmueble embargado al presunto narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
Sobre este mismo punto, la titular del JEM, Alicia Pucheta, explicó que ya en su momento trataron el tema a pedido del diputado cartista Alejandro Aguilera, ya que no contaban con elementos ni denuncias y por ende se dispuso una investigación preliminar. “Cuando no se tienen elementos semisólidos para iniciar enjuiciamiento, entonces lo que se hace es iniciar una investigación preliminar”, dijo.
La directora general de Asuntos Legales del JEM, Amy Lezcano relató que ese organismo (JEM), “por unanimidad solicitó el archivo de la causa porque no hubo un agravio” y con ello “pasó al archivo”, y remarcó que no hay “denuncia presentada por la Senabico u otras personas” ligadas al caso.
Llegaron a sesionar sin quorum legal
La cuestionada comisión garrote alineada a la pretensiones del cartismo hasta el momento generó muchos cuestionamientos desde su creación, a tal punto que esa misma fecha a la cual fue convocado el ministro de la CSJ, sesionó sin quorum legal.
El reglamento establece un mínimo de cuatro miembros para que las decisiones sean válidas y sesionaron en varios momentos de dicha sesión con solo 3 integrantes.
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Estuvieron presentes durante toda la sesión y hasta el final, Dionisio Amarilla, Gustavo Leite y Colym Soroka. Este último dijo luego de la sesión que “no se dio cuenta” de la falta de quorum pero que en caso de ser así, esa sesión no tiene validez.
Este mes vence el plazo
Este 18 de noviembre vence el plazo de la comisión garrote creada el pasado 7 de agosto, cuando el cartismo y sus aliados aprobaron en el Senado la creación de una comisión bicameral de investigación del “lavado de dinero”, excusa con la que pretenden aplicar un “garrote” contra el Grupo Zuccolillo.
En ese entonces en menos de dos horas y con 26 votos, el cartismo, apoyado en su mayoría y en la complicidad de sus aliados, aprobó el proyecto que tiene origen en la Cámara de Diputados, y que pese a su rimbombante nombre, no tiene siquiera una exposición de motivos.
En ese momento, los opositores ya habían denunciado que el proyecto tenía una clara intención de convertirse en un instrumento de “apriete” contra la prensa.
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Desbarató mentiras
El pasado 31 de octubre, el Grupo ABC con sus representantes, Rodrigo Yódice y Juan Carlos Martin, refutó todas las mentiras que instaló desde su inicio la comisión “garrote” del Congreso, dejando en evidencia su clara línea persecutoria en contra del conglomerado empresarial. Los directivos, con documentos en las manos, desvirtuaron todas las acusaciones de presunto lavado de dinero y aclararon que actuaron amparados en la ley.