En el Estado de derecho, la administración pública se caracteriza por su sentido liberal, positivo y humanista. Afronta los retos y complejidades de la sociedad civil. Su actividad tiene cobertura general, es decir, común a todos los habitantes, a los ciudadanos, lo cual implica que los beneficios que es capaz de generar son extensibles con la producción de bienes y servicios a los diversos públicos que conviven en la sociedad.
Se ha escrito que la gobernanza se refiere, sobre todo, al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos.
¿Garantiza efectivamente el actual gobierno el derecho a la salud, a la vivienda adecuada, a la alimentación suficiente, a la educación de calidad, y a la seguridad personal? ¿Estamos realmente mejor como lo ha anunciado en su campaña política el actual gobierno? La respuesta es NO.
A nadie medianamente sensato y en particular al ciudadano común, a ese que no está colgado del erario público al que por regla general se accede con la sola certificación de estar afiliado a la ANR y lógicamente contar con un padrino, no puede escapar la creciente insatisfacción ciudadana para con las instituciones públicas, para con el Gobierno y en particular del gobierno colorado que se ha caracterizado por no hacer nada de valioso para la conservación del bien común y el bienestar incesante de la sociedad. Es que un buen gobierno, no este, propicia que las capacidades sean aprovechadas con sentido de utilidad y progreso. El buen gobierno, no este, se nutre en concertar con medios políticos las aspiraciones privadas y los beneficios públicos. El buen gobierno, no este, no excluye a los individuos, ciudadanos y organizaciones sociales de los beneficios que deben compartirse. No excluye el acceso a los beneficios públicos y a la igualdad de oportunidades. Es que para ello se precisa ser congruente con los valores y postulados de la democracia de lo que este gobierno carece. Ningún vocero podrá desvirtuar esta afirmación. Un buen gobierno, no este, logra administraciones públicas más eficaces y transparentes. Un buen gobierno logra el crecimiento económico. Este gobierno está expandiendo la pobreza. La gestión de este gobierno no está referenciada a la satisfacción del ciudadano, sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. La regla es la carencia, tanto es así que ha perdido su capacidad de respuesta en particular a los desafíos de cobertura de salud pública y de seguridad.
La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Este gobierno lejos de mejorarla, de elevarla a niveles de excelencia con lo que obtendría resultados sostenibles con los que satisficiera adecuadamente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, se ha enfrascado en hacer todo lo contrario. Su gestión no tiene calidad. No se centra en el servicio al ciudadano, menos aún en lograr que este tenga bienestar, garantizándole el acceso oportuno y universal al disfrute de prestaciones y servicios públicos de calidad. Su servicio es patético y miserable, pero aun así se ufana de lograr un récord en recaudaciones que sirven para la nada, esto es para el dispendio y sostén de groseros y odiosos privilegios en materia de salarios en favor de funcionarios incompetentes, si no analfabetos funcionales. Este gobierno, como todos los colorados, aborrece seleccionar profesionales con méritos y capacidades. La gestión pública del gobierno actual lejos de constituirse en una garantía y protección del ciudadano atenta contra este.
Un gobierno de calidad, que no es este, implica el acatamiento de valores éticos. Su norte debe ser la vocación de servicio público, la probidad, la honestidad, la buena fe, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas, pero sobre todo la fidelidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del interés público sobre el privado o sectorial. De todo esto carece el actual gobierno aun estando bajo la tutela de un becario a una de las más prestigiosas universidades del mundo y de otro que se ensalza por ser citado en una revista internacional. No estamos para nada mejor. Estamos mal y muy mal a la luz de informaciones diarias relacionadas con la desviación y el despilfarro de fondos públicos, como consecuencia de la corrupción administrativa que galopa en este gobierno.