Lo cierto es que el Estado se reformó. O más bien se deformó. Y esto empezó en el año 1995. Es decir, tenemos 26 años de tomar decisiones equivocadas respecto a cómo encarar una misión muy difícil (políticamente hablando) ya que significa recortar privilegios a un sector público ineficiente (el BID señala que se malgasta anualmente el equivalente al 3,5% del PIB, esto es un Ministerio de Salud entero!) que 20 años después siguen saltando a la vista y que de alguna forma ya nos sentimos “acostumbrados” a leer
Esta semana se presentó como una desteñida noticia un suelto periodístico que daba cuenta que se apresta una licitación de seguro médico privado para 1.600 funcionarios del Congreso Nacional por la friolera de 16.000 millones de Guaraníes.
Dos elementos saltan a la vista. El primero es que presupuesto de Salud Pública para el Departamento de Boquerón asciende a la suma de 17.000 millones de Guaraníes. Esa suma para más de 80 mil paraguayos y paraguayas que viven en ese Departamento.
La segunda revelación tan indignante como la primera es que nos enteramos que el Congreso Nacional tiene nada menos que 1.600 funcionarios. Me pregunto yo donde están, ya que habiendo estado en dicho poder por 10 años me resulta físicamente imposible imaginar que los mil seiscientos servidores puedan entrar al mismo tiempo en los edificios del Senado, Diputados y el Cabildo — agreguemos la Biblioteca del Congreso para ser generosos —.
Salvando los profesionales de primera que sí se encuentran en dicha nómina, el número y el privilegio que significa esta noticia no puede ser tomada como “una noticia más”.
Esto revela a las claras el proceso de “deforma” (concepto forzado dentro de lo que la lengua española nos permite) ha iniciado hace mucho tiempo.
En los últimos 26 años hemos creado 2 municipios por año. Muchos de ellos sin títulos de propiedad, asentados sobre colonias rurales, sin el mínimo de habitantes requerido, sin planificación sin nada. Por qué? Porque es necesario recibir royalties de Itaipu para “dar trabajo” a la gente. No importa si el sistema eléctrico nacional requiere 7.000 millones de dólares para su puesta a punto. Lo importante es “dar trabajo” — y con plata ajena, por supuesto —.
Hemos pasado de tener 2 a 9 universidades nacionales, de 9 a 27 secretarías especiales, 9 a 13 ministerios y todo esto ante nuestros ojos. La lógica del Estado no es solucionar los servicios de la población sino crear instituciones para que lo atiendan. Y así, amable lector, no existe presupuesto que aguante.
El último gran intento lo hicimos en el 2004 cuando durante la presidencia de Duarte Frutos y estando el país en default (no teníamos plata para pagar a nuestros acreedores) forzosamente realizamos una reforma tributaria, reformamos la caja fiscal, creamos la Agencia Financiera de Desarrollo, reformamos el Código Aduanero, reformamos el Banco Nacional de Fomento bajo la promesa del sexto punto que era la Reforma de la Administración Pública.
Ya lo adivinaron. Nunca se cumplió con el sexto punto. Hicimos un esfuerzo enorme para recaudar más y para seguir gastando igual. Es doloroso ver la postergación de nuestros compatriotas enfermos de cáncer, niños dando clases bajo árboles, agricultores sin crédito ni asistencia técnica, y a otros tantos “amigos pobres” llenos de privilegios y otros con subsidios interminables que prometen sacar de la pobreza pero solo hacen crear más pobres.
Si no nos hemos aún rebelado ante esto, o es porque no lo sabíamos o no prestamos suficiente atención. En el silencio del rebaño, el lobo causa estragos. Puede cambiar el pelaje pero las mañas siguen siendo las mismas. Sin la participación de la ciudadanía como contralor, es imposible conducir una reforma. Porque la voluntad no existirá hasta que las protestas exigiendo una mejor gestión de nuestros impuestos se haga sentir con la misma fuerza que nuestra indignación demostrada por el mal funcionamiento de nuestra selección de fútbol. Es duro pero es real.