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De modo de entender el proceso que ha tenido la deuda pública en Paraguay es necesario recapitular eventos puntuales que provocaron un quiebre en la estructura de las finanzas del Estado, las que antes del año 2012 presentaban resultados superavitarios. A decir, los mayores ingresos frente a los gastos demandados habían permitido generar cierto ahorro, pero en detrimento de las tan necesarias obras de infraestructura.
La decisión del Congreso Nacional en el año 2011 de aumentar el salario en torno al 38% para los funcionarios (70% de los ingresos, en promedio, se destinan para el pago de remuneraciones), impactó significativamente en las cuentas públicas, iniciando un proceso de déficit que no ha podido ser revertido hasta la actualidad. De hecho, en los últimos años, el descalce se agravó, debido a factores adversos como la caída económica en el 2019, la pandemia en 2020, más las consecuencias en los siguientes años e importantes deudas pendientes con proveedores del Estado.
Es de recordar que hasta el 2012, la deuda del sector público total de Paraguay ascendía a aproximadamente US$ 3.591 millones o 10,8% del producto interno bruto (PIB). El principal componente del pasivo externo eran los préstamos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales, representando el 62,4%. Mientras que la deuda interna (37,6%) estaba explicada por los bonos perpetuos emitidos para capitalizar el Banco Central del Paraguay (BCP) en concepto de cancelación de deudas históricas. El título, que forma parte de un ajuste contable, no puede ser comercializado.
El ajustado espacio fiscal se tradujo en limitaciones para impulsar programas y proyectos de impacto social y económico con recursos genuinos, por lo que el endeudamiento pasó a convertirse en el principal modelo de financiamiento. En tal sentido, desde el año 2013 la colocación de los bonos soberanos en el mercado internacional dotó de recursos al Estado para impulsar obras de infraestructura y que contribuyeron, de cierta manera, al proceso de reducir la importante brecha existente en el país.
¿Qué ha pasado en los recientes gobiernos?
Al observar el comportamiento que ha tenido la deuda pública en las últimas administraciones, el Gobierno de Horacio Cartes se caracterizó por el esquema de financiamiento: tomar deuda para inversión física. Tal es así que al finalizar el año 2018, el saldo de la deuda de Paraguay llegó a US$ 8.040,9 millones o 19,8% del producto interno bruto. En tanto que la administración de Mario Abdo Benítez estuvo cargada de una serie de condiciones desfavorables. En el 2019, una crisis económica sacudió al país, situación que requirió de una importante intervención del Estado mediante el plan de reactivación económica. Y luego, la pandemia en 2020, que encontró al gobierno paraguayo –como a muchos de la región– sin recursos para hacer frente a las urgentes necesidades generadas por la crisis sanitaria.
El Gobierno había recurrido a un significativo paquete de deudas. Los recursos iniciales por un total de US$ 1.600 millones contemplados en la ley que declaró el estado de emergencia para mitigar los efectos del covid-19, se habían obtenido de la siguiente manera: US$ 1.020 millones a través de endeudamiento (US$ 1.000 millones de emisión de bonos soberanos y US$ 20 millones de un crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que forma parte del Banco Mundial), en tanto que, los restantes recursos provinieron, de igual manera, de operaciones de deuda.
Entre el 2018 al 2023, la deuda pública de Paraguay registró un aumento de US$ 8.525 millones con lo cual los compromisos del país ascendieron a US$ 16.565,9 millones o 38,5% del producto interno bruto al cierre de diciembre del año pasado. Como se puede observar en las infografías, el endeudamiento ha venido creciendo de manera sostenido, sobre todo, en los últimos cinco años.
Composición y perspectivas
En lo que va de este 2024 y de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública del país a abril totaliza US$ 17.420,8 millones, lo que representa al 38,4% del PIB. Del monto total, el 86,8% corresponde a la deuda externa y el restante, a los compromisos internos, siendo la Administración Central (AC) la que carga con el mayor pasivo. Esta relación es históricamente, en promedio, similar.
Al observar la clasificación de la deuda total por monedas, el 83,6% es en dólares, el 15,7% en guaraníes y el restante, en otras monedas. Como se observa, la deuda pública del país tiene una marcada dependencia por la moneda extranjera, lo que igualmente la supedita a la volatibilidad cambiaria con el consecuente eventual sobre costo, tanto en el momento del pago de los intereses como del capital. Es de mencionar que los ingresos del país para el financiamiento de las cuentas públicas son mayormente en guaraníes.
En cuanto a los acreedores, los datos oficiales desagregados por el MEF muestran que donde se concentra la mayor deuda es con organismos multilaterales (42,5%). En tanto que, el 40,9% de los pasivos totales del país están representados en bonos externos, tal como se presenta en la tabla.
Otra arista de análisis es lo que respecta al servicio de la deuda. El mismo también dio un importante salto, pasando de US$ 647,3 millones (1,6% del PIB) en 2018 a 1.678,8 millones (3,9% del PIB) al finalizar 2023.
En palabras del viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, “en pandemia, no solo los compromisos en materia de deuda pública se incrementaron, sino que también trajo aparejada otras cuestiones como el costo. Las tasas de interés fluctuaron bastante y fueron al alza con respecto a lo que inicialmente habíamos recibido al momento de tomar las deudas en el 2020 y 2021. Entonces estamos gestionando la deuda, los compromisos. En materia de intereses lo estamos pagando con recursos propios y lo que hace al pago de capital, haciendo administración de pasivos. Es una evolución que lo hemos heredado y estamos gestionando y administrando para que el resto de los bienes y servicios no se vieran afectados”.
En el mismo contexto, Lovera comentó sobre el proceso de desdolarización de la deuda pública para disminuir la exposición de los pasivos en dólares y, por ende, mitigar el riesgo cambiario, lo cual ayudaría a la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, señalaron que la razón (ratio) deuda/PIB aún se encuentra dentro de los niveles prudenciales y gestionables partiendo de la importancia no solamente del monto, sino de la estructura del vencimiento a lo largo de los años.
Al considerar todos los elementos expuestos, igualmente se presenta como urgente evolucionar en el modelo de financiamiento público. En este sentido, además de apuntar a una real reforma del gasto del Estado, el involucramiento del sector privado se erige como la principal alternativa para el diseño e impulso de importantes proyectos socioeconómicos. Existen las herramientas, sin embargo, desburocratizar el proceso forma parte de otro de los desafíos que deben ser corregidos en el corto plazo.
Moneda
Al observar la clasificación de la deuda total por tipo de monedas, el 83,6% es en dólares, el 15,7% en guaraníes y el restante, en otras monedas.
42,5%
La mayor deuda es con organismos multilaterales (42,5%), en tanto que el 40,9% del pasivo total del país están representados en bonos externos.
PIB
El servicio de la deuda dio un importante salto, pasando de US$ 647,3 millones (1,6% del PIB) en 2018 a 1.678,8 millones (3,9% del PIB) al finalizar 2023.
