El agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, está avanzando con la investigación de otra denuncia penal que fue presentada en el caso metrobús, que salpica a funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR).
La denuncia fue presentada por el ingeniero Augusto Ríos Tonina en febrero del año pasado, pero recién ahora están avanzando las pesquisas, según señaló el profesional. La carpeta fiscal estaba en manos del fiscal Juan Manuel Ledezma, quien fue removido de la Unidad Anticorrupción por constantes “blanqueos”. Por esta razón, el caso pasó hace poco a manos del agente Corbeta.
Según indicó Ríos Tonina a ABC, Corbeta ya le tomó declaración hace algunos días y señaló que tras los cambios que realizó el fiscal general Emiliano Rolón en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, hay esperanzas de que se tenga algún avance.
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Metrobús: examen habría sido “cajoneado”
Según la denuncia presentada por Ríos Tonina, ya el 27 octubre del 2016 la Contraloría realizó un examen especial al fallido proyecto del metrobús, en el que el organismo reveló varias anomalías en el contrato firmado con la empresa Portuguesa Mota Engil, pero dicho informe nunca se remitió a la Fiscalía, como manda la Constitución.
Dicho informe del ente de control se realizó cuando Roy Roger era contralor y, según Tonina, el informe fue liderado por el director general de Control de Contrataciones Públicas de la CGR, Paul Ojeda, que hasta la fecha sigue en el cargo.
En ese momento, el entonces contralor interino, Roy Rodgers, incluso remitió el mencionado dictamen al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, hoy imputado en este caso, quien ignoró totalmente las advertencias.
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Lo que dice el informe de Contraloría sobre el metrobús
De acuerdo con el documento al que accedió ABC Color en su momento, el ente contralor reveló en su informe del 2016 que el MOPC nunca pudo demostrar el cumplimiento de las condiciones precontractuales establecidas en el contrato de préstamo del BID (financista de la obra), referente a la reubicación de los ocupantes de los sectores afectados.
En este sentido, el ente contralor recomendó “formalizar los acuerdos con los Municipios de las ciudades de Asunción, Femando de la Mora y San Lorenzo, que permita la efectiva participación de los mismos en el diseño, implementación y acompañamiento de los planes de comunicación, reubicación, reasentamiento y reconversión económica de los diversos afectados, que garantice el funcionamiento y sostenibilidad de las obras en términos financieros, ambientales y sociales”, lo que fue ignorado.
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Asimismo, el examen cuestionó la legalidad de la subcontratación a la constructora Ocho A, de Luis Pettengill, para la ejecución de la fallida obra, pues el pliego de bases condiciones y el contrato de préstamo aprobado por la Ley N° 5133/13, prohibían subcontratar más del 15% de la obra.
Pero esta observación del ente de control no se tomó en serio en el MOPC, entonces dirigido por Jiménez Gaona, pues las obras “avanzaron” principalmente con subcontrataciones, pues Mota Engil no contaba con las maquinarias que se requerían para ejecutar la obra. Es más, la contratista abandonó los trabajos a finales del 2018, sin siquiera ejecutar el 30% de las obras y dejó una avenida destrozada.