Entre los años 2020, 2021, 2023 y agosto de este 2024, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinó G. 4.100 millones en concepto de indemnización por electrocución mortal. En 2022 no registran pagos por muertes de personas.
Según los registros, en 2020 se hizo un solo desembolso, en el 2021 aparecen 3 pagos, en el 2023 también se realizaron 3 pagos, mientras que este 2024 ya suman 4 los beneficiarios y podrían ser 5, porque hace unos días, una jueza en lo civil y comercial condenó a la ANDE a pagar más de G. 800 millones a los padres de un joven de 19 años que falleció electrocutado, en plena vía pública en la zona de San Pedro del Paraná, Itapúa.
La mayoría de los beneficiarios cobraron G. 400 millones, según los registros oficiales de la ANDE mientras que la causa de muerte en todos los casos aparece como “muerte por electrocución - cable suelto”.
A estos pagos se le debe sumar lo que se paga por la muerte de animales sueltos que en su mayoría son animales vacunos y servidumbre de paso, donde los montos se disparan.
En el caso de muerte de los animales a causa de los cables sueltos de la ANDE, van desde los G. 2.600.000 y en algunos casos G. 8.800.000. También algunos animales mueren a causa de la caída de columna o por la explosión de transformadores.
En lo que tiene que ver con el informe sobre la liberación de franja de servidumbre de la línea de transmisión 500 kV Ayolas-Villa Hayes, se realizaron varios pagos, principalmente entre 2017 y 2023, mientras que el número de beneficiarios, de acuerdo con una planilla preliminar, supera los 400.
A estos se le debe sumar los más de 10 juicios que la ANDE tiene que afrontar por liberación de franja de servidumbre y que, en algunos casos, datan desde el 2020.
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Indemnización en Caaguazú
Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos, que guarda relación con indemnización de la ANDE, tiene que ver con lo que ocurrió en el Departamento de Caaguazú y que involucra a la exfuncionaria de la Cámara de Diputados Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores, quienes cobraron G. 400 millones de forma irregular.
Los registros oficiales de la ANDE sobre este caso, resaltan que los beneficiarios debieron ser los familiares del señor Antonio Acosta, quien perdió la vida a causa de una “electrocución por clables sueltos” y Mariano Ramírez, quien falleció también por la misma causa. Precisamente, se realizaron dos pagos de G. 400 millones, totalizando así G. 800 millones (G. 400 millones para cada uno), según la entidad estatal.
Según las informaciones de la zona, estas personas habían fallecido el 2 de agosto del 2024, y las gestiones y el desembolso se realizaron velozmente.
A su vez, doña Juana Honorina Casco de Ramírez (77) madre de Mariano Ramírez Casco, uno de los fallecidos, recibió solo G. 30 de los G. 400 millones que había autorizado la ANDE.
En tanto que Lorenza Brítez González, viuda de Antonio Acosta, también recibió apenas G. 40 millones de los G. 400 millones que le correspondía.
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Acuerdo de devolución
Al quedar en evidencia el despojo de manera irregular del dinero que les correspondía, tanto Anadelia como Darío Flores se vieron obligados a devolver o al menos llegar a un acuerdo con los familiares afectados.
Según explicó sobre este caso, el abogado Marcial Ayala -representante legal de Anadelia Acosta y Darío Flores- hubo una devolución de G. 600 millones a las partes afectadas, un dinero que habría sido en efectivo y cada familia -G. 300 millones para cada una- aceptó.
El 9 de octubre se da a conocer la existencia de un contrato de acuerdo, fechada el 8 de octubre, entre los que retiraron los G. 800 millones y las familias afectadas, supuestamente bajo voluntad de ellos con la intención de lograr “amistoso acuerdo” y este documento certificaría la entrega de ese dinero.
Además de Anadelia y Dario Flores, fueron imputados por la fiscala Norma Salinas, Ovidio Oviedo y Juan Ramón Acosta, novio y padre de la mujer, respectivamente.