La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) será absorbida por la Contraloría General de la República (CGR). El proyecto de ley aprobado también crea un “Consejo Nacional Anticorrupción”, donde de vuelta hay riesgo de copamiento cartista y de injerencia del Ejecutivo, que recordaron apañó el puenteo a la Contraloría.
La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Ejecutivo el proyecto de ley para establecer una supuesta política nacional para el “combate a la corrupción”, los que varios disidentes describieron como “grandilocuente” y uno de tener “lindo título, pero un documento un poco flaco”, sumado a la hipocresía del presidente Santiago Peña, supuestamente también incluido en el programa, pero que ha apañado la corrupción vetando el proyecto de ley que planteaba evitar que presuntos administradores corruptos puenteen las fiscalizaciones de Contraloría, recurriendo al Tribunal de Cuentas.
“Hoy ya nadie cree que vamos a luchar contra la corrupción y la transparencia creando una comisión o un consejo. Ya el poder Ejecutivo tuvo la oportunidad, cuando la Contraloría presentó un proyecto que evitaba el puenteo a está institución con el Tribunal de Cuentas, y ¿qué hizo el Ejecutivo? Vetó esta ley. Una ley que le iba a otorgar la importancia que merece la Contraloría”, afirmó el diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana).
El “puenteo” es la estrategia predilecta de administradores de fondos públicos (ministros, gobernadores, intendentes, etc.) sospechados de corrupción, que remiten la documentación al Tribunal de Cuentas (órgano jurisdiccional sin capacidad real de control) para blanquear sus balances y alegar que ya no pueden ser juzgados o fiscalizados por la Contraloría. Casos hay cientos, pero un ejemplo reciente es el del imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista).
“El Poder Ejecutivo debe volver a esforzarse para lograr la credibilidad ante la ciudadanía, los medios de prensa y ante muchos de sus correligionarios que hemos votado para que Santiago Peña sea presidente de la República”, sostuvo Espínola, ya que destacó además que el artículo 11 establece la injerencia directa del Ejecutivo dentro del “Consejo Nacional Anticorrupción” que se crea con esta ley.
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“Con este proyecto se teme que el artículo 11″, “que otorga prominencia el Ejecutivo”, ya que dice que “la CGR ejercerá la coordinación general (del Consejo) en conjunto con el Jefe de Gabinete Civil de la presidencia”, apuntó Espínola.
Advierten injerencia del Ejecutivo y rechazaron postergar
A raíz de esto, diputados como Federico “Freddy” Franco (PLRA, PL), Daniel Centurión, Roberto González (ambos ANR, Fuerza Republicana) y pidieron eliminar esa parte del articulado.
“Para decir en términos sencillos, el miedo es que este Consejo sea formado y se conforme en un grupo de amigos que decida que se va a investigar y qué no”, acotó por su parte el diputado Raúl Benítez (Independiente, Ex PEN).
En tal sentido, el diputado Roberto González (ANR, FR) remarcó que el ejemplo claro del temor que se tiene es que hagan lo que realiza actualmente la comisión “garrote” del Congreso y que tiene otras varias falencias. Remarcó que la iniciativa ni siquiera por la Comisión de Asuntos Constitucionales (la cual preside) para dictaminar.
“Hay una desconfianza hacia el oficialismo a partir de algunos hechos muy reveladores. Esta misma grandilocuencia en el acápite de esta Ley” se plantó la Comisión Bicameral Antilavado, que “se llama ahora ‘Comisión Garrote’. ¿Y qué lo que se cuestiona? La ética, la honestidad, la honradez, la moralidad de quienes integran, porque se concibió para perseguir a adversarios políticos”, recordó González.
También puso en duda el argumento de los oficialistas de que supuestamente el límite será la ley, lo cual ya quedó claro que no es limitante por ejemplo para la comisión garrote. “Acá la ley va a actuar y no los integrantes de la comisión (dijo un colega) y eso no es así, porque vemos con la Comisión Garrote que lo que quieren hacer, y eso no es que los disidentes nomás vemos, sino que la ciudadanía ver. Entonces, es ‘hazte de fama y echate a dormir”, acotó el diputado colorado disidente.
Se planteó postergar al menos por 8 días para un mejor análisis, pero se impuso el rechazo de la mayoría cartista.
Denunció persecución direccionada
El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) dijo que personalmente le consta que la Contraloría está buscando maneras de investigarlo supuestamente pidiendo su asistencia cuando era concejal departamental de Central en el periodo pasado.
“Hace días me informaban desde la Junta Departamental de Central que pidieron mi asistencia de los cinco años como concejal. ¿Les parece pio? Qué les puede interesar a la contraloría la asistencia de un concejal departamental, pero no le tenemos miedo y les vamos a denunciar cuantas veces sea necesario para mantener la débil democracia del Paraguay”, dijo Vaesken.
Acotó que lo que que hace este gobierno es “crear leyes a su medida para que los opositores, para que la prensa, la ciudadanía de verdad no pueda controlarle” y repudió que lastimosamente “hoy la Contraloría está en manos de una persona que juega partido (en Mburuvicha Róga) con el Poder Ejecutivo, es del mismo Partido Político (ANR), y él hoy conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social está blanqueando todo, y en contrapartida están persiguiendo a la gente que no piensa igual y no están con ellos.
El Ejecutivo es el “patrón”
Intentando defender el proyecto de ley, el diputado cartista Yamil Esgaib realizó una controvertida y confusa argumentación, en la que se refiere al Ejecutivo como el “patrón” que manda, cuando en realidad es otro poder más que debe ser investigado y controlado y donde la independencia de la Contraloría es justamente lo que se reclama.
“Impecable (la redacción del artículo 11) y es lo que corresponde. Se usa mucho está frase rimbombante y tengo que decir, muy gastada es, pero va bien: ¿Sentido común qué es? Es el menos común de los sentidos. ¿Cómo ustedes le quieren eliminar al Patrón?, cuestionó.
Intentó poner un ejemplo, no no hizo otra cosa que volver más confuso su punto, prácticamente dando la razón al cuestionamiento de los opositores, que justamente señalaron que lo que no querían con esta Ley es que el Ejecutivo tenga injerencia sobre la Contraloría.
“Si yo tengo una empresa y farreo con mis empleados, y el día de trabajador chupamos, nos empedamos y el día de mañana ese empleado se va y roba, ¿quién es el que le va a echar o denunciar? ¿Hay que eliminarle al patrón? Estamos todos locos. La mayor capacidad y control del Estado es el Ejecutivo (sic) y ustedes quieren eliminarle a la persona que va a decir, señores, este fulanito robó acá y a este tenemos que echarle”, señaló Esgaib.
En realidad, el rol constitucional de la Contraloría es fiscalizar sin distinción a los tres poderes del Estado y los órganos descentralizados, sin ningún “patrón” que señale o influya.