Según los documentos del ente contralor, el intendente Horacio Ortíz, en su periodo anterior, no respaldó con documentos G. 1.493 millones de las obras que se ejecutaron durante el 2016 y tampoco cuenta con documentación por G. 66 millones que, supuestamente, se usó para alquilar maquinarias.
Horacio Ortíz también realizó un pago de G. 66 millones con dinero del Fondo Nacional de Inversión Públicas y Desarrollo (Fonacide), para rubros que no incluyen el destino de dicho recursos. Asimismo, se encontró una gran cantidad de maquinarias y vehículos en desuso por unos G. 740 millones, así como vehículos y motocicletas que no contaban con la documentación adecuada.
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Además, la administración municipal hizo pagos por mantenimiento y reparación de maquinarias sin documentos respaldatorios, ni libros de registro durante todo el 2016. Hubo también deficiencia en la elaboración de los contratos, pues no se incluyeron las cláusulas sobre el pago por adelantos de las obras, según el informe final de la Contraloría General de la República (CGR).
La respuesta del intendente
Por su lado, el intendente liberal en su descargo indicó que tiene muchos inconvenientes para el “llenado de planillas y archivamiento de documentos” porque dispone de pocos funcionarios. En tanto que, sobre las maquinarias en desuso, dijo que buscará la manera de dar de baja de manera rápida y documentar los que aún se pueden utilizar.
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“La administración, en lo sucesivo, buscará los medios necesarios para unificar el procedimiento según las indicaciones de la Contraloría, además de mejorar el procedimiento de archivamiento (...)”, fue lo que indicó Horacio Ortíz a la CGR.
Antecedentes
El intendente de Ypané fue imputado durante su periodo anterior por una supuesta malversación del Fonacide. La Fiscal de J. Augusto Saldívar, Brígida Aguilar, había llevado adelante la imputación por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza por un faltante de G. 1.700 millones que deberían ser destinados a la educación.
Según los antecedentes, Ortíz gastó gran parte del dinero que debía ser destinado en la educación de los niños en obras y salarios de funcionarios de la Municipalidad. En este sentido, la agente fiscal había constatado, durante una inspección, la compra de equipos informáticos cuya boleta indicaba que se pagó G. 4.500.000, pero, al consultar en el mercado local, encontraron el mismo equipo por valor de G. 1.700.000. Es decir, también hubo sobrecostos. Sin embargo, esta investigación poco avanzó.
Desde su primer periodo entre 2010 y 2015, Ortiz recibió muchos cuestionamientos de parte de la ciudadanía e incluso fue imputado por la Fiscalía por supuesto daño patrimonial, pero fue sobreseído en todas las causas.