La Contraloría General de la República (CGR) hizo once observaciones a la Municipalidad de Ybycuí (Paraguarí) sobre el uso del dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), Royalties y compensaciones que recibió durante 2022 y 2023. Según los datos, la administración municipal cuya intendente fue María Del Carmen Benítez (ANR), quien renunció al cargo para postularse a la Gobernación de Paraguarí, y su reemplazo Hugo Gavilán (ANR) recibieron G. 11.842 millones de recursos estatales durante el periodo analizado por los auditores de la Contraloría.
La intendenta actual es María Cristina Servín (ANR), quien asumió el cargo en setiembre del 2023 para concluir con el actual periodo municipal.
Los auditores analizaron las documentaciones de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los recursos que la municipalidad recibió en los años 2022 y 2023, y se encontró que la administración municipal adjudicó obras mediante la vía de la excepción sin justificar la “medida impostergable” en especial para obras como cercado perimetral, servicio de bacheo y despeje de calles.
Además la administración municipal efectuó en los papeles pagos y presentó ante la CGR las facturas de las empresas constructoras. Sin embargo, esas no fueron remitidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Otro hecho llamativo es que hubo sugestivas contrataciones directas por más de G. 955 millones que fueron ocultadas a la Dirección de Contrataciones Públicas. También se hicieron pagos de salarios, consultorías y gastos corrientes con dinero de los royalties y compensaciones que no debían hacerse con esos recursos estatales por G. 260 millones.
Asimismo, se detectó una ausencia total de planeamiento y ejecución del almuerzo escolar por lo cual no se garantizó el alimento para los estudiantes durante todo el año lectivo. Se detectó que los fondos para el almuerzo escolar no fueron ejecutados durante todo el 2022 y tampoco de marzo a setiembre de 2023.
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Un hecho sumamente llamativo se hizo cuando Gavilán estuvo como intendente interino, se compraron e instalaron 22 cámaras de circuito cerrado en mayo del 2023 y para enero del 2024 ninguna estaban en funcionamiento.
Según CGR, la empresa adjudicada no hizo un seguimiento ni capacitó al personal que iba a monitorear el sistema de control. En el documento no se informa quien fue la empresa que se benefició con el contrato. La intendenta actual aclaró que las observaciones se realizaron en gestiones ajenas a la suya.