Del último informe general elaborado por la Contraloría, emitido el 13 de setiembre se desprende que tres municipalidades no presentaron sus documentos sobre el uso del dinero del Fonacide. Entre ellos está la Municipalidad de Jesús (Itapúa), cuyo intendente electo es Víctor Garay (ANR-HC), pero tras su imputación por lesión de confianza y su prohibición de acercarse a la sede municipal fue reemplazado por la edil Idilia Peralta (ANR-FR), quien desde junio es intendente interina.
También no presentó documentación la Municipalidad de Puerto Casado, cuyo jefe comunal es Hilario Adorno (ANR-HC), quien está imputado por lesión de confianza y pesa sobre él una prohibición de acercarse a la sede Comunal. La intendencia interina recae sobre el edil Claudio Martínez (ANR-HC).
Tampoco entregó una rendición de cuentas la Municipalidad de Quyquyhó cuya intendente es Patricia Corvalán (ANR-HC), quien también está imputada por administración en provecho propio junto a su esposo el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC). La intendenta tiene medidas alternativas a la prisión, mientras que el diputado se aferra a sus fueros para evitar el proceso judicial.
Intendentes que rindieron contra a Contraloría fuera del plazo
En tanto que, los intendentes que enviaron sus documentaciones fuera del plazo establecido fueron: José Benítez (ANR) de San Juan Bautista, Elvina González (ANR) de San Miguel, Gustavo Penayo (ANR-HC) de Caapucú, Marcelo Simbróm (ANR) de Paraguarí, Gustavo Cano (PLRA) de Dr. Raúl Peña, Clementino Portillo (PLRA) de Minga Porã y Edgar Torres (ANR) de Santa Rita.
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Así como los intendentes; Fernando Negrette (PLRA) de Ypacarái, Hugo Ayala (ANR) de Cerrito, Antonio Gómez (Alianza) de Paso de Patria, Wilfrido Figueredo (ANR) de Cerro Corá, Cristobal Villalba (ANR) de La Paloma, João Ferreira (ANR) de Bahía Negra y Silveiro Adorno (ANR) de Carmelo Peralta.