Tampoco habilitó otra cuenta para depositar lo recaudado por el cobro de la patente de rodados durante el 2023. Otra de las irregularidades detectadas por la Contraloría es que se pagó G. 203.427.000 a jornaleros, pero no hay documentos.
Tampoco hay documentos de los G. 42 millones que se usó para el servicio de mantenimiento, aseo y reparaciones, además no se tiene registros documentales de los G. 16 millones que fueron destinados supuestamente para insumos de oficina y los G. 18 millones para compra de insumos varios.
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El intendente Martínez supuestamente también pagó por servicios profesionales G. 103 millones de los recursos provenientes de los royalties, que no tiene base documental.
Además, la Municipalidad de Natalicio Talavera pagó por combustible y lubricantes G. 159 millones, sin contar con una documentación respaldatoria, según la CGR. El intendente también dijo que transfirió a entidades sin fines de lucro G. 66 millones, pero no cuenta con registro documental.
Otro punto cuestionado por los auditores es que el jefe comunal no distribuyó durante todo el año lectivo la alimentación escolar y solo entregó a cuatro instituciones educativas.
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Tampoco emitió orden de compra para la alimentación escolar, no dio seguimiento en que condiciones se entregaron los alimentos a los niños en las escuelas.
Además no comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) las licitaciones realizadas durante el 2023, tampoco cuenta con un plan estratégico institucional, y último los equipos de transporte y máquinas no se ajustan a la exigencias legales.