Entre la irregularidades se comprobó que el intendente de Loreto, Rodolfo Insaurralde, utilizó dinero proveniente del impuesto inmobiliario que era para obras a pago del personal jornalero violando de esta manera la Ley Nº426/94, además se destinó dinero que debía ser para obras de bien común para reparar maquinaria.
También la Contraloría detectó que se usó dinero de los contribuyentes para reparar vehículos que no están a nombre de la municipalidad y también compra de combustible y lubricantes con ese recurso.
Asimismo se constató que el intendente Insaurralde presupuestó dinero para obras, pero finalmente pagó con ese dinero servicios informáticos, pagó por publicidad y propaganda y contrató servicios de consultoría malversando de esa manera los fondos municipales.
La Contraloría también detectó que el intendente destinó dinero proveniente del impuesto inmobiliario para subsidio familiar y ayuda a terceros. Según los datos el intendente destinó G. 1.150 millones del dinero municipal para otros menesteres que no estaban dentro del presupuesto general.
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Además el intendente no presentó un plan financiero que avale su gestión durante el 2023, según los datos obtenidos del informe final.
La Contraloría aconsejó al la Municipalidad implementar medidas de control más rigurosas para que todo lo recaudado sea destinado según las disposiciones legales y no sea destinado para gastos corrientes.