“El proyecto en sí lo que trata es de establecer que el funcionario público después de condenado pueda arreglar la situación devolviendo lo robado, en teoría, porque siempre en los hechos es menos de lo que verdaderamente se queda el funcionario público, y con eso conseguir la reducción de la mitad de la pena”, comenzó alertado.
Lea más: Peligro de ratificación de la “corrupción premiada”
Según detalló, en la Comisión de Legislación incluso remarcaron que es necesario endurecer el castigo para los funcionarios que roben al Estado, ya que una medida más benevolente alentará la corrupción.
“Nosotros en la comisión incluso somos de la posición contraria, que todo lo que sea sanción a funcionarios públicos en la administración pública (que haya cometido un delito), inclusive debe ser un agravante, no buscar atenuar”, afirmó.
El proyecto, que tiene sanción ficta el jueves 22 próximo, figura entre los últimos puntos del orden del día de la sesión ordinaria del martes.
En este caso, una eventual sanción automática beneficiaría al archivamiento del nefasto proyecto, puesto que se considerará aceptado el rechazo del Senado.
La cuestionada iniciativa sirvió en su momento como “cortina de humo”, puesto que fue aprobada en Diputados en menos de 3 minutos, en la misma sesión en la que se trató la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Hay riesgo de que Diputados se ratifique, ya que hay otro dictamen a favor.