El exparlamentario paraguayo e ingeniero Ricardo Canese, quien en el pasado obtuvo una victoria legal contra el Estado por la violación de su libertad de pensamiento, se pronunció sobre el reciente dictamen emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del periodista Aldo Zucolillo. Canese expresó que este dictamen llega en un momento en que se observa un “evidente retroceso en cuanto a libertades públicas” en la región.
Para Canese la libertad de información es fundamental para que el ciudadano acceda a datos estatales como licitaciones, o las negociaciones con las binacionales.
“La libertad de información es fundamental para que, como ciudadanos, podamos incidir en las políticas públicas; la ciudadanía es la máxima autoridad de la República, según la Constitución. Si no se tiene información fidedigna, como ahora Itaipú –lado paraguayo– la niega, ¿cómo podremos opinar si está bien o mal lo que hacen nuestros representantes?”, puntualizó.
Canese demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó, pues se comprobó que fue sometido a 8 años de proceso judicial injusto por la demanda que le entabló Juan Carlos Wasmosy, en ese momento candidato presidencial colorado y que cercenó su libertad de pensamiento y de expresión. Fue el primer caso en donde Paraguay fue condenado por no garantizar la libertad de expresión.
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Asimismo, el ingeniero indicó que “la libertad de opinión es, también, fundamental, pues la ciudadanía adopta decisiones en conjunto, sea en las elecciones o dentro del marco constitucional de la democracia representativa y participativa. Sin libertad de opinión, no hay Estado Social de Derecho, como manda la Constitución, por lo que todo atentado contra la libertad de opinión, así como de información, es un atentado contra la democracia”.
Retroceso de libertades
Igualmente, dijo que en este periodo hay un evidente retroceso en la democracia. “Es evidente que estamos en un retroceso en cuanto a las libertades públicas. Los grandes delincuentes, aún habiéndose presentado fundadas denuncias ante la Fiscalía y el Poder Judicial, son las autoridades –más que representantes– de lo que hoy es un remedo de República. En mi caso, he presentado, junto con otros ciudadanos, reiteradas denuncias de flagrantes hechos de corrupción que involucran a Santiago Peña, a Horacio Cartes, a Abdo Benítez, así como a sus socios, en hechos tan graves como la ilícita concesión de Tapé Porá, la Ruta 2 y, en cuanto a Itaipú, en múltiples aspectos, la criptominería y el hidrógeno mal llamado verde, con enormes subsidios fuera de la ley, y hasta hoy nada ha avanzado, más que la más impune corrupción. La expulsión de la senadora Kattya González, echada del Congreso por criticar a Peña y el cartismo, mientras hay parlamentarios abiertamente narcotraficantes, indica a las claras quién nos gobierna hoy: el crimen organizado”, sostuvo.
Canese agregó que en la transición a la democracia había más pluralidad y que ahora se impone la “aplanadora cartista, como antes estaba la aplanadora stronista, donde importa la incondicionalidad y la abierta compra de votos de parlamentarios tránsfugas, que ni siquiera ocultan su incondicionalidad al patrón mafioso, sacándose orgullosamente fotos, como antes lo hacían los stronistas con el dictador”, dijo.
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Mencionó, asimismo que el cartismo domina gran parte de los medios masivos de comunicación y los pocos medios independientes son abiertamente perseguidos o chantajeados, quedando muy poco margen para obtener una información que no responda a los intereses del poder de turno.
“Estamos peor que en la época de la dictadura, pues en aquella época al menos lo que era negro era negro; ahora hay mucho engaño, dirigido todo por poquísimas personas con mucho poder y dinero, manipulando la información y sin aclarar que son ellos los que dicen lo que supuestamente es la verdad, y que no es más que una descarada mentira”, dijo.
Sobre la recomendación del CIDH de modificar el Código Penal para despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trata de funcionarios públicos, indicó que en democracia la crítica debe ser libre y despenalizada.
“El funcionario que asume su cargo, sea representativo o por designación, debe saber que se expone a todo tipo de cuestionamientos y críticas, y que no estará habilitado para invocar los delitos de difamación, injuria ni calumnia por los dichos contra sus actos, salvo el muy específico caso en que pueda demostrar en juicio, asumiendo la carga de la prueba, que se trata de una real malicia de parte del ciudadano crítico”, sentenció.