El jefe de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, en julio del 2023 había remitido a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía los resultados de las auditorías hechas a 56 municipalidades durante el periodo 2021-2022, lapso en el que detectó indicios de hechos punibles y posible perjuicio patrimonial a esas instituciones por un total de G. 50.119 millones.
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Sin embargo, el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general Emiliano Rolón, no abrió una sola causa contra esas administraciones municipales denunciadas, según la repuesta que brindó ese organismo mediante la Oficina de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
“De acuerdo al análisis de control de admisibilidad realizado por la Dirección de Delitos Económicos, conforme a los lineamientos institucionales previstos, surge del mismo que de los relatos circunstanciados no se evidencian indicios penalmente relevantes sino que los mismos corresponderían a observaciones administrativas, motivos por los cuales no se encuentran iniciadas causas en relación a los reportes requeridos y que los aspectos señalados se encontrarían vinculados a la ejecución contractual”, fue la respuesta brindada por la Fiscalía ante nuestra consulta sobre el seguimiento a las denuncias presentadas por el contralor.
La CGR descubrió groseras desprolijidades en la administración de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que recibieron los 56 jefes municipales durante el 2021-2022 para la distribución del almuerzo y la merienda escolar, así como para la construcción de aulas y otros trabajos que beneficien a los niños de sus comunidades, sobre los cuales fueron presentados informes al Ministerio Público, tal como corresponde legalmente. (Ver infografía para conocer los municipios denunciados).
Lamentablemente esas denuncias fueron ignoradas y los contribuyentes y concejales municipales, quienes impulsaron las fiscalizaciones y las auditorías, no sabrán que pasó realmente con el dinero municipal.
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“Del informe también se indica que el Ministerio Público se encuentra activamente trabajando con la Contraloría General de la República a fin de mejorar la coordinación interinstitucional en el abordaje integral de los reportes mencionados”, concluyó la Fiscalía.
Se salvaron de ser investigados 27 intendentes colorados, 13 liberales, 14 jefes comunales aliancistas, un patriaqueridista y uno del Partido Yo Creo.
Con esta situación se refuerza la teoría de que la Contraloría fue convertida en un “florero”, no solo porque no se da seguimiento a sus denuncias, sino porque se vetó la ley que evitaba “puentear” a la CGR.