El abogado Luis Napoleón Bareiro Duarte, en representación del actual titular de la Caja de Jubilaciones Municipal, Venancio Díaz Escobar, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y apropiación contra nueve personas, entre ellas funcionarios de la institución.
Los denunciados son: el anterior titular de la Caja Municipal, Bernabé Peralta Antúnez, quien se vio obligado a renunciar a finales del año pasado debido a una serie de denuncias de los jubilados contra su pésima gestión; los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas; Fernando Kiesel Bejarano, detenido por el incendio provocado el 16 de mayo, Néstor Brítez y Marcelo Esteban Giménez.
También fueron denunciadas las funcionarias Fabiana Benítez de Calebrese, ahora exdirectora de Administración y Finanzas; Rosana Isabel Ramírez, extesorera; y Fulvia Lorena Fernández. Entre los denunciados figuran Pedro Coronel y Gabriela Ferrari, ambas personas no tienen vínculo laboral con la Caja Municipal de Jubilaciones.
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Según la denuncia, se detectó una red de corrupción que duplicaban y hasta cuadruplicaban los cheques que un aportante recibía en concepto de “devolución de aportes” que luego eran efectivizados en un banco de plaza por los denunciados.
Caja Municipal de Jubilaciones: exigencias de Contraloría
La auditoría interna se desprende de las exigencias que la Contraloría General de la República (CGR) hizo al departamento de Devolución Total de Aportes (DTA) y cuyos directores no remitían los informes. Llamativamente, luego de varias reiteraciones de la CGR, las oficinas donde estaban las documentaciones fueron devoradas por las llamas.
Según los datos, los cheques que causaron un presunto daño patrimonial de más de G. 6.594 millones fueron librados con la firma de Bernabé Peralta, Fabiana Benítez de Calabrese y Rosana Isabel Ramírez. En tanto que, las personas que lo endosaban fueron Bernardo Kiesel Bejarano, Marcelo Esteban Giménez, Néstor Brítez y Gabriela Ferrari. Este modus operandi estuvo activo desde el 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023.
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Desde diciembre del año pasado jubilados están exigiendo la intervención de dicha institución, pero pese a que el actual Gobierno aprobó a “tambor batiente”, la ley de Superintendencia de jubilaciones y pensiones con la excusa de urgencia, sigue sin reglamentar la ley para que se puedan ejecutar las intervenciones.