La documentación remitida por la Municipalidad de Asunción a la Contraloría General de la República (CGR) sobre un presunto faltante de G. 500.000 millones de momento es revisada por los funcionarios de la institución, según resaltó el contralor Camilo Benítez.
Al respecto, sostuvo que la CGR aún no tiene los “suficientes elementos” para emitir una conclusión sobre el caso, aunque adelantó que se presentaría un dictamen en el menor tiempo posible.
“Si nosotros hacemos una auditoría que evalúa la ejecución de dichos bonos, eso puede llevarnos por lo menos seis meses. Si evaluamos la documentación y el balance se puede dar una conclusión preliminar. Se verifica si es que el dinero proveniente de los bonos fue utilizado para el destino proyectado o para otra cosa”, detalló.
Asimismo, refirió que emitir el mencionado dictamen sobre los bonos no llevaría mucho tiempo como en el caso de una auditoría, aunque no dio un plazo exacto de cuándo se podría dar a conocer tal informe.
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Bonos de Nenecho: Contraloría está obligada a remitir sospechas
El contralor enfatizó también que, en caso de que se encuentren sospechas de algún hecho punible o irregularidades, la institución a su cargo tiene la obligación constitucional de remitir tales indicios a la Fiscalía.
“Vamos a ver si amerita una profundización; tenemos una postura institucional en el uso indebido de fondos municipales. Lo más importante -a mi criterio- es saber si se utilizó el dinero para lo que fue propuesto inicialmente. Si se usó para un propósito distinto, eso genera un indicio que se debe profundizar y deberá quedar a cargo de la Fiscalía”, sentenció.
Por otra parte, también mencionó aspectos sobre un proyecto de ley que plantea que la Contraloría “absorba” las funciones de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) con el fin de “centralizar” todas las denuncias de los poderes del Estado.
“Hay que decir que la Secretaría Anticorrupción nunca pudo lograr su cometido justamente porque no tenía una ley orgánica. Esto es para ver no solamente la lucha de una manera represiva, sino también de una manera preventiva que promueva la cultura de rendición de cuentas y transparencia”, argumentó.
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