De los 18 ministros que integran el gabinete principal del presidente de la República, Santiago Peña, tres fueron los que no presentaron sus declaraciones juradas (DD.JJ.) de intereses.
Los ministros Walter Gutiérrez, de Niñez y Adolescencia; Mónica Recalde, de Trabajo, y Angie Duarte, de la Secretaría de Turismo, son los tres altos funcionarios que no presentaron estas documentaciones.
La entrega de esta información pública se hizo obligatoria por parte de funcionarios de alto rango a partir del 5 de enero de 2024, cuando el presidente Peña promulgó finalmente la ley 7236 en dicha fecha.
Una ley bastardeada
Sin embargo, esta normativa aprobada por Peña fue mutilada en el Congreso Nacional a finales de 2023, por iniciativa de los propios cartistas, con el apoyo de los congresistas satélites.
En principio, la ley que regía las DD.JJ. de intereses era la Nº 7089 de mayo de 2023, que establecía una serie de normas para evitar, por ejemplo, que gerentes de empresas privadas puedan ejercer inmediatamente después como funcionario público con acceso a información relevante o privilegiada en el mismo rubro en el que se desempeñaba como empleado privado.
Esto se estableció textualmente en esta primera ley, en ese momento, justamente para evitar casos así, que son conocidos como “puertas giratorias”.
Además, establecía que los funcionarios públicos estaban obligados a declarar todo tipo de acciones en empresas privadas a través de familiares directos o la cantidad de parientes que tienen ejerciendo algún cargo en la función pública.
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Otro elemento fundamental que tenía esta ley era que obligaba a cada funcionario a presentar, con 15 días máximo de plazo, justamente sus DD.JJ. de intereses. En caso de que la Contraloría detecte que hubo alguna declaración falsa en estos datos, el ente de control estaba facultado a enviar ese informe incluso al Ministerio Público, para iniciar posible investigación por testimonio falso o declaración falsa.
Sin lo referente a “puertas giratorias”, todo murió
Sin embargo, a partir de la ley aprobada por Peña y que fue mutilada por los Senadores y Diputados, la actual normativa 7236 apenas obliga a los funcionarios a hacer la presentación de sus DD.JJ. de intereses, pero se eliminó por completo todo lo referente a las “puertas giratorias”, ya no existe obligación de declarar empresas a través de parientes o familiares directos y, en caso de que no entreguen la documentación, la Contraloría puede exhortar para que entreguen, dando un tiempo de 20 días de vuelta.
Plazo vencido para que ministros entreguen DD.JJ.
Ayer, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General, confirmó que el plazo para entregar las DD.JJ. de intereses para los ministros ya venció.
Sin embargo, recordó que la última ley aprobada prevé que los mismos tengan una extensión de tiempo nuevamente.
“Ahora, la Contraloría le tiene que apercibir a los funcionarios que no presentaron y tienen de vuelta 20 días”, dijo Torres.
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Señaló que esa es la gran diferencia entre la ley aprobada en enero y la anterior, de mayo de 2023, ya que esta establecía que, en caso de vencer el plazo y el funcionario no presentase su DD.JJ. de intereses, directamente se le tenía que abrir un sumario.
“Ahora habrá que ver si presentan. Si no lo hacen en este plazo, ahí sí tienen una sanción de hasta 100 jornales”, indicó el funcionario.
Ley otorga impunidad
La normativa promulgada por el presidente Santiago Peña, en enero pasado, sobre las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de intereses otorga impunidad, al hacer casi imposible aplicar sanciones, ya que obliga a la Contraloría a demostrar que el funcionario consignó u omitió datos por conducta dolosa o mala fe.
Además, elimina castigo de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, que se había aprobado en la primera ley de mayo de 2023. En este caso, apenas establece una multa. Además, la normativa vigente hace casi imposible el control cruzado de datos entre organismos de control, con lo que burocratiza aún mas la posibilidad de hacer controles entre entes.
Cruzar datos para posibles conflictos
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), señaló que a partir de la entrega y presentación de estas Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de intereses, desde la institución también trabajarán en la recolección y el cruzamiento de datos, con el objetivo de encontrar posibles conflictos de intereses que se puedan generar.
Sin embargo, Torres señaló que se debe esperar todavía la reglamentación de la Ley 7236, del 5 de enero pasado, que es la que rige finalmente este proceso.
“Si sale la reglamentación también (en la próxima semana) ya estaremos trabajando en el cruce de datos para poder ver lo de los funcionarios e ir verificando los conflictos de intereses que puedan ocurrir”, expresó Torres.
Esto teniendo en cuenta que el espíritu de las DD.JJ. de intereses es determinar cuáles son las conexiones que puedan existir entre funcionarios de alto rango con familiares o empresas proveedoras del Estado.
Se podrá llegar a esta información toda vez que los funcionarios incluyan estos datos, ya que, finalmente, la ley actual no los obliga o, en algunos casos, no establece sanciones.