Intendenta de Valenzuela no presentó balance al Legislativo

La intendenta de Valenzuela (Cordillera) Mirtha Fernández (PLRA) no presentó su rendición de cuentas de ejecución presupuestaria del 2022 ante la Junta Municipal y hasta ayer seguía sin presentar su rendición de cuentas del 2023. Si bien tiene tiempo para entregar el documento del 2023 hasta el 31 de marzo, según lo que establece la ley Orgánica Municipal, los concejales se mostraron asombrados que en el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), la gestión municipal aparezca como que ya remitió todos sus documentos ante el ente contralor.

La cuestionada intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA) en compañía del actual presidente del PLRA, Hugo Fleitas.Gentileza
audima

Mirtha Fernández, aparece en la lista de la Contraloría publicada el 2 de febrero pasado como que entregó su rendición de cuenta del último cuatrimestre del 2023. Este procedimiento lo volvió a reactivar luego de no hacerlo por dos años, pero los ediles no pueden acceder a los datos.

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“Nosotros pedimos informes por nota. La ley orgánica obliga a los intendentes a concurrir por lo menos cada cuatro meses a la Junta Municipal para rendir cuentas. Ella no viene desde el 2021 cuando fue denunciada ante el Ministerio Público”, dijo Néstor Cantero (ANR), presidente de la Junta Municipal.

El edil indicó que les sorprendió que la CGR haya entregado el certificado de constancia de entrega a la administración municipal, pero agregó que buscará acceder a los documentos que Fernández presentó para conseguir dicho beneficio.

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Mirtha Fernández está acusada por asociación criminal, lesión de confianza y malversación por un daño patrimonial a la comuna durante su gestión 2019 y fue convocada por el juez de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás para el 13 de febrero, a las 8:00, a la audiencia preliminar.

La intendenta junto a 12 personas fueron imputadas y desde que comenzó la investigación se turnan para chicanear y evitar de esa manera llegar a juicio oral y público. Incluso sus abogados ya fueron sancionados por las repetidas chicanas judiciales.

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