El propio contralor general de la República, Camilo Benítez, reconoció ayer en entrevista con ABC Cardinal que si no hay buenos controles con el nuevo plan de “hambre cero en las escuelas”, las posibilidades de que existan millonarias “tragadas” son aún superiores a lo que se tuvo durante la época del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), ya que el monto de dinero que se administrará es muy superior.
En ese sentido, la jefa de Gabinete Civil de la presidencia, Lea Giménez, dijo ayer que los fondos que se necesitan para el plan “Hambre Cero” llegan a unos US$ 300 millones.
Esta cifra representa unos US$ 68 millones más del Fonacide en el 2022, que llegó a los US$ 232 millones. De este monto se financiaban varios proyectos, entre ellos, el de alimentación escolar.
Con este nuevo plan, en la que se incorpora la figura del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), el 100% de estos recursos se destinará a cubrir almuerzo y merienda escolar.
Los US$ 68 millones que faltan para llegar a los US$ 300 millones saldrían de otros fondos del Estado.
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Sin garantías de control
Según lo que establece la propuesta de ley de “hambre cero”, en su artículo 7, todas las instituciones del Estado, las organizaciones civiles y entes privados que participan del plan deberán presentar un informe trimestral sobre la distribución y destino del Fonae, así como su ejecución.
En este mismo artículo se lee que la Contraloría General de la República (CGR) y los órganos de controles internos pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias, controlarán la gestión y ejecución de estos recursos del Fonae.
Fuera de competencia
Sin embargo, las gobernaciones - que tendrán a su cargo ejecutar el plan, salvo Central, Asunción y Presidente Hayes - pueden alegar no estar bajo la competencia de la Contraloría, amparándose en un veto del propio Presidente Peña de diciembre pasado.
El 13 de diciembre de 2022, el presidente Peña firmó el Decreto N° 843, por el cual objetó totalmente el proyecto de ley que evitaba que las autoridades de instituciones públicas no estén bajo supervisión de la CGR.
Con este veto, las instituciones públicas pueden seguir eludiendo a la Contraloría y presentar sus informes de gastos al Tribunal de Cuentas y no a la CGR.
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Coincidentemente, en el Tribunal de Cuentas de la Capital fue electo como miembro César Diesel Marín, hijo del actual presidente de la Corte, César Diesel.
Según el Contralor Benítez, es necesario que la ley de “hambre cero” deje bien establecido que sea la Contraloría la institución encargada de hacer las auditorías o recibir los informes de las entidades que participan del proyecto.
Faltan ajustes, dice Contralor
Para el contralor de la República, Camilo Benítez, a la propuesta de ley del plan “hambre cero” todavía le faltan hacer algunos ajustes para garantizar el control del dinero público que se utilizará en el proyecto.
“Desarrollar una plataforma para hacer controles concurrentes, en tiempo real y que se tenga un equipo de auditores en terreno” dijo Benítez.