El intendente efrainista Diego Alonso, de Julián Augusto Saldívar, entregó su primera Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la Contraloría General el 11 de octubre del 2018 cuando se desempeñaba como docente auxiliar nombrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y también como jefe de división.
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En ese documento, Alonso declaró tener G. 111.721.404 de patrimonio neto y G. 21.278.596 de deudas, en donde especificó que tenía una cuenta a pagar de G. 19.454.170 al Banco Nacional de Fomento (BNF) y que su cuota mensual era de G. 1.040.854.
Asimismo, reportó otra deuda de G. 5.000.000 con la Cooperativa Universitaria con una cuota mensual de G. 451.082. Dijo que ganaba G. 5.660.495 al mes y tenía egresos de G. 3.190.000, sin incluir las cuotas de sus deudas por los préstamos.
También reportó tener dos inmuebles en el distrito de Julián Augusto Saldívar por G. 105.000.000 y un automóvil.
Lo que resulta llamativo es que el intendente, el 24 de noviembre del 2021 cuando asumió el cargo y para cumplir con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Nacional y las siguientes reglamentaciones, presentó de nuevo otra declaración jurada y en ese documento los únicos que difieren son la fecha de presentación y su ingreso mensual, que de ganar G. 5.660.495 como docente universitario pasó a percibir G. 8.000.000 como intendente. Del análisis de ambos documentos se desprende que el intendente o mintió en su declaración jurada o es un muy mal deudor, pues tres años después sigue debiendo la misma cantidad de dinero al BNF y a la Cooperativa Universitaria e incluso es la misma cantidad de cuotas.
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Evita control riguroso
El jefe municipal desde que asumió el cargo hace compras para la institución con la modalidad de contratación directa y de esa manera evita los controles más rigurosos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las contrataciones directas se realizan cuando el monto estimado de las compras es inferior a los 2.000 jornales mínimos, es decir, unos G. 206.182.000 por cada adjudicación.
Reportan indicios de hecho punible
La Contraloría General de la República (CGR) informó al Ministerio Público que halló indicios de hechos punibles cometidos en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar durante los ejercicios fiscales 2020- 2021 y 2022 en la distribución del almuerzo escolar. La fiscalización abarcó el periodo 2020-2021 del anterior intendente, Daniel Báez (PLRA- llanista) y el 2022 del actual intendente Diego Alonso (PLRA- efrainista).
Según el reporte oficial de la Contraloría, existiría un daño patrimonial de G. 637.982.938, pues no se encuentran los antecedentes de la Contratación por Vía de la Excepción para la adquisición de almuerzo escolar con la empresa Las Delicias, durante el 2021.
En tanto que durante el 2022 las irregularidades detectadas por la CGR son que el actual intendente no destinó en su presupuesto del 2022 el monto suficiente para honrar la deuda contraída con la empresa que entregó los alimentos el año anterior.
En su descargo ante la Contraloría, el actual intendente, Diego Alonso, indicó que seguía sin encontrar las documentaciones por lo cual no podía destinar los recursos para pagar la deuda municipal.
El ex intendente Báez fue imputado en el 2019, por lesión de confianza, por el fiscal Luis Piñánez por un presunto daño patrimonial de G. 1.072.426.954 y se aguarda que su causa sea elevada a juicio oral.