Del cruzamiento de datos entre el informe del 11 de setiembre de la Contraloría General de la República (CGR) y el del Ministerio de Economía y Finanzas se desprende que seis jefes comunales no recibieron dinero alguno hasta la fecha en concepto del Fondo Nacional de Inversión Publica y Desarrollo (Fonacide) y royalties.
En ellos se encuentra Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela, quien desde el 2021 no presenta informe a la CGR. En consecuencia, el Ministerio le transfiere dinero.
La jefa comunal está acusada por la Fiscalía por lesión de confianza y asociación criminal, actualmente se analiza en la Cámara de Diputados el pedido de intervención.
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Le sigue Gustavo Penayo (ANR), intendente de Caapucú, cuyos documentos están en proceso de verificación en la Contraloría. Penayo no recibe dinero estatal desde el 2022 porque sigue sin rendir cuentas del dinero de Fonacide y royalties del 2021. Fue salvado de una intervención gracias a diputados cartistas en julio pasado.
Víctor Díaz (Alianza), intendente de Mariscal Estigarribia, presentó sus documentos ante la Contraloría, pero sigue sin informar qué hizo con el dinero que recibió el 2022 por lo cual no recibe desembolso.
Rolando Ortiz (ANR), intendente de Benjamín Aceval, si bien presentó su informe cuatrimestral a la CGR, no informó sobre su gestión del 2022 por lo cual no recibe desembolso.
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El intendente interino Rodrigo Molinas (ANR), de San Pedro de Ycuamandyyú, presentó su informe ante la CGR pero el municipio sigue sin recibir desembolso estatal, debido a la falta de documentos de la gestión de Gustavo Rodríguez, quien renunció para evitar ser destituido.
Municipalidad de Asunción sigue sin recibir desembolso debido a deudas anteriores
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), presentó informe ante la CGR pero por deudas anteriores sigue sin recibir desembolso del Ministerio de Economía. Un hecho llamativo se da con los intendentes Antonio Apezteguía (ANR), de San Vicente Pancholo, y Patricia Corvalán de Samaniego (ANR), de Quyquyhó, quienes no rinden a la CGR, pero reciben dinero estatal.