La Junta Municipal de Tomás Romero Pereira solicitó el pasado 6 de junio la intervención municipal y tomaron como base las dos auditorías que realizó la Contraloría General de la República durante el periodo 2021-2022 y que llevaron a que la rendición de cuenta de Rivas Román sea rechazada por nueve de los doce ediles. Algunas de las denuncias tienen que ver con la creación del Consejo de Desarrollo Distrital (CDD), sin autorización de la Junta Municipal, al que se destinó cientos de millones por trabajos que no se realizaron.
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Según los antecedentes, existe una diferencia entre el presupuesto presentado por el intendente a la Junta Municipal y el presupuesto actual, asimismo se rindió cuentas de los recursos de Fonacide y royalties y se detectaron diferencias entre el monto declarado por el uso de combustible y el que realmente fue documentado.
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El intendente cartista Rivas Román administra de manera anual unos G. 19 mil millones.
Paralelamente, los ediles presentaron denuncias por lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y estafa que están a cargo del fiscal Reinaldo Castillo, de la unidad zonal de Colonias Unidas.