Senado define polémica “indemnización” a los soldados del golpe del ´89

La Cámara de Senadores tiene hoy en sus manos la posibilidad de evitar un perjuicio millonario a las arcas públicas de G. 104 mil millones que pretenden ser destinados a la indemnización a cerca de 1417 soldados conscriptos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que derrocó al dictador Gral. Alfredo Stroessner.

Exsoldados del 2 y 3 de febrero en una de sus tantas manifestaciones frente al Congreso.
audima

Los senadores tratarán en sesión ordinaria de la fecha, prevista para las 13:00, el veto total al proyecto de ley que indemniza a los soldados conscriptos que prestaron servicio durante el levantamiento militar del 2 y 3 de febrero de 1989.

La comisión de Hacienda del Senado ayer dictaminó en mayoría aceptar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que indemniza a soldados conscriptos del 2 y 3 de febrero y en minoría rechazar la objeción. Si el Senado levanta el veto por la mayoría absoluta de votos (23) requerida, quedará promulgado. De lo contrario, va al archivo.

El proyecto de ley tiene como objeto establecer un régimen de indemnización para los soldados conscriptos de los destacamentos y/o unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, que prestaron servicio en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, o en su defecto sus herederos (parientes consanguíneos hasta el primer grado).

La objeción total hace notar el impedimento para determinar con precisión las unidades afectadas de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, que, en su caso, recibirán las indemnizaciones. Afirma el veto que se suscitará un problema a la hora de aplicar la normativa si se tuviera que cumplir con los mandatos de la propuesta. “En términos estrictamente formales, el proyecto adolece de cierta coherencia jurídica”, señala la objeción total.

La objeción presidencial firmada por Mario Abdo Benítez estima una erogación mínima de aproximadamente G. 104.244.0894.750, cuyo cálculo tiene como base la cantidad de 1417 potenciales beneficiarios vivos, a quienes corresponderá 750 jornales mínimos para actividades no especificadas, por lo que estiman podría corresponder a cada beneficiario la suma de G. 73.566.750.

El Ejecutivo menciona que, desde el punto de vista administrativo-financiero, no existen margen para financiar gastos adicionales de esta envergadura, salvo que sea en detrimento de otros gastos. Señala a modo de ejemplo, que con relación a las víctimas de la dictadura, el Estado ha desembolsado, desde la vigencia de la Ley N° 8389 hasta el año 2022, la duma de G. 691.972.575.830, y cuenta aún con resoluciones pendientes de pago por la suma de G. 223 mil millones.

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