Según la Contraloría General de la República, la mayor cantidad de dinero se distribuyó en Capital (G. 1,6 billones) y en los departamentos de Central (G. 1,7 billones), Itapuá (G. 477.131 millones ), Alto Paraná (G. 384.904 millones) y Caaguazú (G. 345.021 millones). En el informe, también se evidencia que en el 2021 varios municipios no comunicaron sus procesos de adjudicación de alimentación escolar a Contrataciones Públicas por G. 10.952 millones.
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El mayor monto adjudicado sin comunicación, se hizo en Ñeembucú por G. 3.734 millones. En Guairá, no se tuvo control por G. 1.535 millones y en San Pedro por G. 1.389 millones.
Sigue Alto Paraná con G. 1.116 millones, en Concepción con G. 1.006 millones puenteando a Contrataciones Públicas, en Caazapá (G. 1002 millones), en Paraguarí (G. 419 millones), Amambay (G. 435 millones), Canindeyú (G. 135 millones), Caaguazú (G. 114 millones y Misiones (G. 61 millones.
En 2022, no se informó a Contrataciones las adjudicaciones por G. 8.297 millones. Nuevamente las autoridades de Ñeembucú fueron las mayores infractoras (G. 3.065 millones), Guairá (G. 1.789 millones), Caazapá (G. 1029 millones), Concepción (G. 964 millones), San Pedro (G. 498 millones) y Alto Paraná (G. 461 millones).
La lista sigue con Misiones (G. 293 millones) y Caaguazú (G. 175 millones). En diez años, fueron beneficiados G. 14.414.388 alumnos, pero podrían haber sido más si se tenía un mayor control sobre los gobernadores e intendentes.