El proyecto de ley, que fue objetado totalmente por el Ejecutivo, plantea incluir entre los exceptuados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “los servicios de transporte público de pasajeros nacionales, ya sean urbanos, metropolitanos o de corta, media y larga distancia”.
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Si bien, supuestamente, el beneficio sería para el usuario final, al implicar una eventual reducción del costo final del pasaje, el caso del billetaje electrónico ha generado controversia sobre los beneficios que reciben los empresarios del transporte público.
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Sobre todo, al sistema de transporte metropolitano se lo cuestiona insistentemente por los permisivos controles al número de pasajeros (y consecuente pago de subsidio), luego de que se detectaran indicios de casos de “pasajeros fantasmas”.
Al ser cámara de origen, Diputados será el primero en definir si opta por aceptar el veto o lo levanta. Para lo último requiere de mayoría absoluta (41 votos).
En el caso de aceptarse el veto, ya no importará la determinación en Cámara Alta, y la iniciativa está obligada a archivarse.