Como quinto punto del orden del día de la sesión que está convocada para las 08:30 aparece un proyecto de ley que inicialmente buscaba eliminar una de las mayores trabas para los procesos de control administrativo. El estudio se hace en medio de una crisis institucional que se ha generado en los últimos meses debido a las constantes negativas de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a someterse a las auditorías de la Contraloría General de la República (CGR), alegando medidas otorgadas por la máxima instancia judicial.
El proyecto de ley busca modificar el artículo 30 de la Ley 879/81 Código de Organización Judicial. Inicialmente buscaba eliminar la parte en la que se permitía que el Tribunal de Cuentas audite las rendiciones de cuentas de las instituciones públicas. Esta potestad fue entregada únicamente a la CGR en la Constitución Nacional de 1992.
Caos creado por la Corte Suprema
El caos en materia de control de cuentas fue generado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue la máxima instancia judicial la primera en presentar una acción de inconstitucionalidad y fallar a su favor para enviar rendiciones de cuentas a un órgano judicial que depende de ella.
De esta manera, la Corte no solo consiguió evitar los controles de la CGR, sino que también abrió la canilla para que otras instituciones hagan lo mismo.
El proyecto original de modificación fue presentado por la propia Contraloría General de la República en pos de ponerle un fin al conflicto. Sin embargo, los legisladores volvieron a tocar la propuesta y el remedio que sea peor que la enfermedad.
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El proyecto que será elevado desde comisiones al pleno pretende dar la razón a la Corte Suprema de Justicia y hacer coexistir al Tribunal de Cuentas, conjuntamente con la Contraloría General de la República como un organismo de control fiscal.
Fuentes señalaron a ABC que el anteproyecto tiene visos de buena voluntad pero en realidad tiene oscuros fundamentos.
En caso de aprobarse esta versión, todas las instituciones del Estado que cuentan con esta medida como ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el TSJE ya podrán hacer valer sus aprobaciones anteriores en los casos en que se evidencien la comisión de algún hecho punible. Solo por citar un ejemplo, todas las aprobaciones obtenidas por la ex fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en los últimos 5 años, serán consideradas cosa juzgada y ya no tendrá ningún sentido la auditoría que ahora está en marcha pues los resultados quedarían apenas como una cuestión administrativa que no se podría sancionar, explicaron las fuentes a nuestro diario.
Además, la cuestión incluso podría empeorar. Es que el proyecto que pretende aprobar la Cámara Baja habilita a las instituciones públicas a apelar los informes de la Contraloría ante el Tribunal de Cuentas, como si fuera que dicho tribunal se encuentra capacitado para poder evaluar el trabajo técnico de los auditores.
De aprobarse el proyecto de ley en la versión que pretenden hacer correr algunos diputados, se podría encaminar un engorroso proceso judicial a cuanta auditoría o fiscalización se realice al manejo de la cosa pública.
Demostraron apertura
El contralor Camilo Benítez dijo ayer a radio ABC Cardinal 730 AM que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Jorge Bogarín, dieron indicios de que permitirán que sus cuentas sean auditadas.