La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que modifica el Código de Organización Judicial, estableciendo claramente que el Tribunal de Cuentas no tiene potestad de recibir rendiciones de cuentas y documentos de administración de entes públicos, a fin de evitar que se siga puenteando a Contraloría, como lo venían haciendo varias instituciones a través de acciones de inconstitucionalidad.
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Finalmente, hubo unanimidad en no modificar el proyecto original propuesto por Contraloría, ante un riesgo de desvirtuarlo. Al contrario, varios legisladores destacaron que esta medida era necesaria para una mayor transparencia y garantizar que Contraloría cumpla con su rol constitucional.
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“Las instituciones que han evitado los controles de Contraloría es porque de por sí, tienen algo que ocultar”, dijo el diputado Édgar Acosta (PLRA).
Entre las instituciones que recurrían al Tribunal de Cuentas para evitar ser fiscalizadas por Contraloría figuraba hasta hace poco la Fiscalía General del Estado, durante toda la administración anterior de Sandra Quiñónez, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), desde 2013 bajo la presidencia de Jaime Bestard (ANR) y la propia Corte Suprema de Justicia, así como también varias administraciones municipales cuestionadas.
El proyecto ahora pasa al Senado para su segundo trámite legislativo.