En comunicación con ABC Cardinal este martes, el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, reiteró sus quejas sobre las acciones de inconstitucionalidad impuestas por varios entes públicos para eludir controles de ese órgano parlamentario, aunque expresó optimismo sobre las promesas de apertura hechas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral y el nuevo fiscal general del Estado.
El contralor Benítez lleva meses denunciando que la Corte Suprema de Justicia dio lugar a varias acciones de inconstitucionalidad que hasta ahora han permitido a entes como el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la propia Corte Suprema evadir auditorías de la Contraloría, optando por controles más laxos por parte del Tribunal de Cuentas, a pesar de que la Constitución Nacional otorga la función de fiscalizar las cuentas del Estado exclusivamente a la Contraloría.
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Benítez dijo que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien juró en el cargo la semana pasada, dio señales de colaborar con la Contraloría, algo a lo que el nuevo titular del Ministerio Público aludió en varias ocasiones antes de asumir el cargo.
“A él le llama mucho la atención que la Contraloría no pueda ejercer su rol constitucional”, dijo el contralor, indicando que el fiscal general Rolón podría retirar la acción de inconstitucionalidad o remitir directamente a la Contraloría los documentos enviados al Tribunal de Cuentas, “y creo que lo va a hacer”.
“Crisis institucional”
Benítez dijo tener “mucho optimismo” sobre la intención de Rolón de transparentar el Ministerio Público y afirmó que también hubo señales positivas por parte de Jorge Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ente que lleva más de diez años eludiendo controles de la Contraloría.
“En 2023 ya no estamos en una etapa en que podamos ponernos en contra del control”, reflexionó Benítez, señalando que los controles de la Contraloría “automáticamente transparentan la gestión”, ya que todos sus informes se publican.
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“Ir en contra del control es ir en contra de la transparencia de la función pública”, insistió.
El contralor reiteró que con las acciones de inconstitucionalidad que impiden el trabajo de la Contraloría se están “cercenando competencias constitucionales” y se hunde al ente de control en “una suerte de crisis institucional”.
En Constituciones Nacionales previas a la actualmente vigente en Paraguay, la tarea del control fiscal a organismos del Estado estaba asignada al Tribunal de Cuentas, algo que cambió con la actual Constitución de 1992, que creó la Contraloría General de la República, con lo que el sistema de control pasó de ser judicial a parlamentario.
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Benítez hizo la analogía de que impedir que la Contraloría audite a instituciones del Estado equivale a decir que el Congreso Nacional no puede dictar leyes, o que el Ministerio Público no puede realizar persecución penal.
Actualmente, la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley para limitar las atribuciones del Tribunal de Cuentas, un documento que -de ser aprobado- impediría que instituciones del Estado puedan usar el Tribunal como un escudo para protegerse de auditorías de la Contraloría.