En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, reiteró su denuncia de que su organismo está siendo “desgastado o limitado en sus competencias constitucionales” por una mala interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia que, por medio de acciones de inconstitucionalidad, brindó al Tribunal de Cuentas de Segunda Sala atribuciones que la Carta Magna otorga a la Contraloría.
El contralor Benítez presentó el martes notas a los presidentes de las dos Cámaras del Congreso Nacional reiterando un reclamo que la Contraloría realiza desde hace meses, señalando que varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, han logrado eludir auditorías de la Contraloría sobre sus gastos y ejecuciones presupuestarias interponiendo acciones de inconstitucionalidad aceptadas por la Corte Suprema.
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Señaló el caso de una auditoría ordenada por la Contraloría a los gastos del Ministerio Público en el ejercicio fiscal de 2022, indicando que la Fiscalía no proveyó a la Contraloría los documentos requeridos alegando que acudió al Tribunal de Cuentas de Segunda Sala para la aprobación de sus cuentas y, por lo tanto, remitió a ese órgano todos los documentos solicitados.
Según la respuesta del Ministerio Público, citada por Benítez en su carta al Congreso, el Tribunal de Cuentas “se ha declarado competente para entender el juicio de rendición de cuentas promovido por el Ministerio Público”, algo que -a juicio del contralor- va en contra de la Constitución Nacional vigente, que despojó al Tribunal de Cuentas de su competencia constitucional de hacer fiscalizaciones de gastos y ejecuciones presupuestarias –una atribución que poseía en la Constitución anterior– y creó la Contraloría como un órgano extrapoder para ese fin.
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Con la situación en torno a la auditoría del Ministerio Público se entró a un “limbo jurídico” que puede tener consecuencias “perversas”, advirtió el contralor Benítez.
“Al impedir la función constitucional (de la Contraloría) podemos acercarnos a un quiebre institucional”, dijo, comparando la situación con una hipotética prohibición a la Fiscalía de perseguir hechos punibles y afirmando que la situación puede dar rienda suelta a hechos de corrupción.
Allanamiento de la Fiscalía
El contralor Benítez adelantó que el equipo jurídico de su institución está estudiando la posibilidad de pedir un allanamiento al Ministerio Público para obtener los documentos requeridos, aunque indicó que está “tratando de llevar esto de la manera más diplomática posible”.
“No tenemos ninguna mala fe; solo queremos erradicar la mala práctica de que las instituciones públicas eludan los controles”, manifestó.
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“Si les quitamos funciones constitucionales a las instituciones, no tenemos República del Paraguay”, concluyó el contralor.
El Ministerio Público, actualmente bajo la cuestionada fiscala general Sandra Quiñónez, cambiará de administración mañana cuando asuma el cargo el nuevo fiscal general Emiliano Rolón, quien en declaraciones recientes se manifestó abierto a colaborar con la Contraloría.