En el informe de marzo, la Contraloría General de la República reveló que los intendentes: Gustavo Rodríguez (ANR), de San Pedro de Ycuamandyyú, y Mirtha Fernández (PLRA), de Valenzuela, siguen sin rendir cuentas del uso de Fonacide y royalties del 2022. Ambos jefes comunales son muy cuestionados por su falta de transparencia. Rodríguez está con su gestión intervenida y Fernández está imputada por supuesta lesión de confianza.
En tanto que los intendentes que presentaron de manera tardía sus documentaciones a la Contraloría son: David González (PLRA), de Capiibary; Lorenzo Duarte (PLRA), de Vaquería; Hernán Cubas (ANR), de Carlos Antonio López; Germán Gneiting (ANR), de Carmen del Paraná; Milciades Flores (ANR), de Pirapó; Gustavo Penayo (ANR), de Caapucú; Sergio Galeano (ANR), de La Colmena, y Denis Torres (ANR), de Areguá.
La lista sigue con los intendentes Pablo Karajallo (ANR), de Laurel, quien entregó tarde sus documentaciones del uso de royalties; Óscar Giménez (ANR), de Teniente Irala Fernández; Juan Vera (ANR), de Nueva Asunción; Joao Ferreira (ANR), de Bahía Negra, e Hilario Adorno (ANR), de Puerto Casado.
Lea más: Contraloría evidencia desprolijidad de intendentes
Por otro lado, los jefes comunales que presentaron su rendiciones de cuentas del uso del dinero de Fonacide y royalties del 2022, pero no cumplen en su forma, según CGR, son: Antonio Apezteguía (ANR), de San Vicente Pancholo; Víctor Nardelli (ANR), de RI.3 Corrales; Christian Matoza (PLRA), de Cambyretá; Luis Yd (Alianza), de Encarnación; Óscar Martínez (ANR), de Nueva Alborada; Líder Almada (Alianza), de San Patricio, y Roberto Sotelo (ANR), de Alberdi.
La nómina de los que presentaron de manera incorrecta continúa con el jefe comunal de Cerrito, Hugo Ayala (ANR); el de Isla Umbú, Jorge Marecos (PLRA); el de Laureles, Fermín Candía (PLRA), y el de Villalbín, Milciades Caballero (ANR).
Informe quincenal
La Contraloría General emite dos veces al mes el informe en su página Web sobre la presentación de documentos por parte de los intendentes. Allí la ciudadanía puede controlar el uso que los jefes comunales hacen del dinero público.
Muchos intendentes para tratar de confundir a los contribuyentes suelen subir en sus redes sociales las “constancias electrónicas” que la CGR emite cuando se carga la documentación, sin embargo, esa constancia no significa que se haya presentado correctamente.