Unos G. 560.592 millones de daño patrimonial fueron denunciados por la Contraloría General de la República (CGR) entre junio de 2019 y agosto de 2022. Así consta en una serie de documentos del ente de control a la que tuvo acceso ABC Color.
En total, el ente de control remitió 102 reportes de indicios de hechos punibles (RIHP) y denuncias penales al Ministerio Público en ese período de tiempo. Sin embargo, no hubo siquiera un solo condenado por haber metido la mano en los fondos públicos. Esto se desprende de las declaraciones del mismo contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana.
Benítez Aldana señaló que la impunidad es el mayor problema con el que tropieza el trabajo desarrollado desde la institución a su cargo.
“No puede ser que tengamos más de 100 denuncias y no haya ni un condenado sobre todas estas denuncias”, manifestó el contralor general en entrevista con Sin Filtro, el podcast de radio ABC Cardinal 730 AM.
“Tenemos denuncias contra funcionarios que antes estaban en unos cargos y hoy ya están en otros cargos, incluso mayores”, sostuvo Benítez Aldana. “Creo que tenemos que renovar nuestra alianza con el Ministerio Público de manera a que la Contraloría pueda dar seguimiento a sus denuncias y ver que realmente se consigan imputaciones, acusaciones y condenas sobre esas denuncias”, prosiguió.
ABC accedió a la larga lista de denuncias presentadas por la institución.
Denuncias y reportes a la Fiscalía
Entre junio de 2019 y agosto pasado, CGR presentó a la Fiscalía General del Estado 3 denuncias penales por perjuicios patrimoniales al erario público para el inicio del proceso penal.
Además, remitió otros 99 RIHP. Estos reportes se basan en los hallazgos de irregularidades administrativas que podrían convertirse en procesos penales, pero para ello debe pasar por el análisis del Ministerio Público.
Corrupción en era covid-19
Solo entre junio y diciembre de 2019, la Contraloría remitió tres denuncias penales y 13 reportes de indicios de hechos punibles. En medio año, la institución detectó posibles daños patrimoniales por más de G. 41.836 millones
A lo largo de todo el 2020, elevó un total de 52 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público para su investigación pertinente por parte del Ministerio Público, por más de G. 374.965 millones.
“La corrupción no respetó la pandemia. No solo en Paraguay, sino en toda América Latina hubo muchos cuestionamientos a los gobiernos. Cuando estábamos en guerra y se tenía que comprar las armas, igual se siguió con la corrupción”, sostuvo Benítez Aldana en la entrevista.
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En 2021 se elevaron dos reportes de indicios de hechos punibles por más de G. 34.873 millones.
Finalmente, hasta agosto de 2022 se habían elevado otros 25 reportes al Ministerio Público. Sin contabilizar aún los documentos elevados en el último cuatrimestre del año pasado, la CGR detectó posibles daños patrimoniales por más de G. 108.917 millones en 2022.
En total, se detectó daño patrimonial por G. 560.592 millones, unos US$ 80 millones. Todos estos casos quedaron en manos del Ministerio Público.
Lo que no se tuvo debido a la impunidad
“Es categórico que la corrupción afecta el nivel de vida de los ciudadanos”, lamentó el contralor.
“Lo malo es que el paraguayo convive con la corrupción como si fuera una conducta de la que nunca podremos liberarnos. Pero, por otro lado, te podría decir que cada vez hay menos corrupción”, sostuvo en la entrevista con ABC.
Con el importe cuantificado como denuncias penales e indicios de hechos punibles correspondientes al 2019, pudieron haberse adquirido 796.942 dosis de vacunas contra la hepatitis A. Realizando otro cálculo en forma opcional, pudieron haberse adquirido 1.343 camas eléctricas de uso hospitalario para internados.
Con ese dinero, se podrían haber adquirido 3.897.149 raciones de almuerzos escolares. Es decir, se podrían haber comprado raciones de alimento para más de la mitad de la población, si se tiene en cuenta que la población total estimada es de unos 7.000.000 de habitantes.
Los más de G. 366.000 millones de fondos públicos desfalcados en 2020 podrían haber significado la compra de un total de 717 ambulancias. Asimismo, se pudieron instalar 67 plantas generadoras de oxígeno, unidades que fueron tan necesarias en los peores momentos de la pandemia.
También pudieron haberse construido 1.396 espacios educativos para la primera infancia o haber adquirido 32.707 motocicletas para equipar a la Policía Nacional. Esto solo con lo desfalcado en un año.
Algunos de los corruptos
La Municipalidad de Asunción fue la institución en la que se detectó el mayor posible daño patrimonial. El ente de control detectó anomalías por más de G. 344.000 millones distribuidos en seis reportes.
Uno solo de esos informes fue por más de G. 176.000 millones. Otro de los reportes elevados fue por más de G. 127.000 millones.
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La Municipalidad de Salto del Guairá tuvo un reporte por supuesto daño patrimonial de más de G. 30.000 millones, correspondiente a los años de administración del intendente anterior, Carlos Haiter (independiente).
Uno de los casos más graves fue el del distrito de Jesús, donde se constataron desvíos por más de G. 7.000 millones.
El intendente de ese distrito, Hernán Schlender (ANR-Cartista), quien en su momento llegó a ser salvado de una intervención gracias a un pacto político, habría lavado dinero proveniente del narcotráfico usando las cuentas que debían ser destinadas a recibir dinero de Fonacide.