En un solo día, el 29 de diciembre último la CGR remitió al Ministerio Público cinco informes sobre inconsistencias patrimoniales de funcionarios públicos. De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, en la lista están personas que tuvieron un sinfín de cuestionamientos en los cargos que desempeñaron.
Entre los denunciados figuran Andrés Gubetich Mojoli, expresidente del IPS, seguido por la actual consejera de la institución, Ludia Claudina Silvera López, representante del Ministerio de Trabajo.
La Contraloría igualmente remitió el análisis patrimonial de la exjueza de Ciudad del Este Norma Gamarra; del guardiacárcel Armando Antonio Riveros y del funcionario de Aduanas Luis Roberto Pereira Recalde, quien figura como jefe de división dentro de la institución.
G. 20.000 millones en cuatro años
Andrés Gubetich Mojoli asumió como titular del IPS en agosto de 2019, cuando reemplazó al cuestionado Armando Rodríguez al frente de la institución de seguro social. Antes ocupó el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Dejó el cargo de presidente del IPS a mediados de 2022, salpicado por varias denuncias.
Según el informe de la Contraloría, Gubetich aumentó su patrimonio en G. 20.000 millones en apenas cuatro años. El ente detectó además inmuebles y cuentas bancarias que el exjefe de IPS y de Conatel no incluyó en sus manifestaciones de bienes.
Al cotejar las declaraciones juradas del exfuncionario, quien aspiraba a ser senador, se detectaron irregularidades. “El análisis arrojó varias inconsistencias”, señala el documento remitido a la Fiscalía, acompañado de un informe de 100 páginas.
Obsesión por un software
Uno de los mayores escándalos de la era Gubetich, por ejemplo, fue el de la intención de compra supuestamente direccionada de un sistema informático para el hospital del IPS en Alto Paraná, por el que se pretendía pagar unos US$ 6 millones.
El proceso figuraba bajo el ID 374.857 en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según los documentos que constan allí, la firma adjudicada es Green SA, representada por Hugo Wilson Armoa.
El proceso de licitación había sido frenado ya en mayo de 2020, luego de que la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft), presentara varios cuestionamientos. Sin embargo, la previsional siguió con la intención y finalmente volvió a adjudicar a la empresa de Armoa en la semana de las fiestas de fin de año de 2020.
Finalmente, la Contraloría concluyó que la licitación violó la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. En particular, el artículo 4 que habla de igualdad y libre competencia.
Pero la administración de Gubetich también benefició varias veces a empresas del clan Ferreira. Por ejemplo en 2020 firmó una millonaria adjudicación para el servicio de hemodiálisis a favor del clan sin tener a la vista los registros sanitarios.
Gubetich no atendió llamadas ni mensajes a su teléfono celular y estamos atentos por si quiera dar su versión.
Exgerente, actual consejera
Ese mismo 29 de diciembre de 2022, la Contraloría también remitió el análisis de correspondencia realizado a Ludia Claudina Silvera López, actual miembro del Consejo de Administración del IPS en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
Silvera López ocupó antes los cargos de coordinadora de la Dirección de Tesorería y de Gerente Administrativa y Financiera de la previsional. “El análisis arrojó varias inconsistencias”, señala el documento remitido a la Fiscalía, que deberá analizar si prosigue o no con las investigaciones.
Protegido de Arévalo
La Contraloría también detectó inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario aduanero Luis Roberto Pereira Recalde. Este nombre había saltado a la luz pública luego de una serie de denuncias cruzadas entre el senador Martín Arévalo (ahora cartista) y el titular de Aduanas, Julio Fernández.
Pereira Recalde era uno de los dos funcionarios para los que Arévalo pidió nombramiento, según la denuncia hecha pública por Fernández en setiembre de 2021.
En ese entonces, los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, de Delitos Económicos, habían allanado una lujosa casa del funcionario de Aduanas, quien declaraba un salario de G. 9.300.000 más bonificaciones.
Arzamendia había referido entonces que Pereira ya fue investigado en 2014 por supuesto enriquecimiento ilícito, aunque se desconocía el desenlace del caso. De acuerdo a publicaciones de ABC Color de la época, en 2015 Pereira Recalde también había sido imputado por el caso de contrabando de unas 235 cajas de mercaderías provenientes de Hong Kong y que fueron liberadas irregularmente del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Cuestionada exjueza y guardiacárcel
El organismo de control también remitió informes sobre la situación patrimonial de la exjueza Norma Gamarra y el guardiacárcel Armando Antonio Riveros, ambos pedidos por el Ministerio Público.
Gamarra fue destituida del cargo de jueza en 2015 por mal desempeño de funciones. Años antes, en 2008, la entonces magistrada había sido denunciada por Itaipú Binacional debido a su actuación en un amparo promovido contra la entidad por el Sindicato de Trabajadores de la represa. En dicho amparo se dictó una medida cautelar de prohibición de innovar, la cual paralizó la construcción de un colegio técnico en un terreno de Ciudad del Este (Área 8), dispuesta por las autoridades de la hidroeléctrica.
En ese entonces la Corte dispuso su suspensión pero terminó absolviéndola luego de compurgar ese castigo. Tras eso, la exjueza denunció al Estado paraguayo y solicitó una compensación de G. 2.000 millones.
En el caso de Riveros, se realizó un análisis de veracidad de sus declaraciones juradas, detectándose inconsistencias al respecto.