Los concejales municipales de Caapucú se manifestaron la semana pasada en frente de la Contraloría General de la República para pedir el acceso a los documentos que el intendente Gustavo Penayo presentó para obtener la constancia de rendición, por el cual se jacta de una supuesta administración transparente y rechaza las denuncias realizada por la Junta Municipal.
Tras la movilización, la comitiva ingresó a la Dirección de Control de Organismos Municipales de la CGR y allí la funcionaria de nombre María Teresa Wagner informó que el jefe comunal entregó una copia de una denuncia ante el Ministerio Público, en la unidad de la fiscal Teresita Paredes de Quiindy de supuesto extravío de tres talonarios y que con eso justificó su falta de rendición de cuentas.
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Sin embargo, la fecha límite para la presentación de los documentos en la CGR fue el 15 de setiembre del año pasado, el informe cuatrimestral sobre rendición de cuentas fue publicado el 27 de diciembre en donde Caapucú está en “rojo” y Penayo recién obtiene la constancia el 28 de diciembre.
En el informe del Ministerio de Hacienda también se constata que la Municipalidad de Caapucú no recibió ni un guaraní durante el 2022 por que no rindió cuentas sobre el uso de Fonacide y royalties en el 2021.
Miente a los contribuyentes de Caapucú
“Siempre nos debemos al pueblo y para el pueblo, por lo tanto comunicamos que estamos al día con las rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República en cuanto al uso de Fonacide y royalties”, posteó en sus redes sociales el intendente y agregó, “es importante que en apenas un año hemos hecho mucho y este 2023 será recordado como un año de mayor obras en la historia de Caapucú”.
Sin embargo, el documento de constancia que obtuvo de la Contraloría solo significa que cumplió con el papeleo, pero aún no se analizó el contenido.
Dudosa denuncia
El pasado 29 de noviembre del 2022 el actual tesorero municipal Blas Cañiza presta declaración testifical ante la fiscal Fernández en donde relata que el 12 de octubre del 2022 se percató que faltaban tres talonarios de cheques, y ese mismo día va junto con el intendente Penayo hasta el Banco Nacional de Fomento (BNF) en donde constatan el vaciamiento de las cuentas, culpa directamente al anterior tesorero Luis Alderete y al administrador Andrés Arrúa.
Sin embargo, según el movimiento de la cuenta en el BNF, se realizaron varios retiros entre los meses de noviembre y diciembre del 2021, pero sugestivamente el intendente presenta recién la denuncia un año más tarde, cuando los ediles presionan por una intervención en su administración.
Los concejales también ya presentaron varios pedidos de auditoría ante la CGR y hasta la fecha son ignorados. Además, remitieron el pedido de intervención ante el Ministerio del Interior, y recién el miércoles el ministro Federico González remitió a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados el pedido de acuerdo constitucional.