La existencia y proliferación de las cuestionadas “universidades de garaje” constituye una vergüenza para nuestra sociedad, ya que a nivel internacional nadie puede creer que aquí existen carreras profesionales que se dictan los viernes por la noche y sábado por la mañana o, incluso, únicamente los sábados por la tarde y domingos por la mañana.
Lo que en naciones serias parece un chiste, en suelo guaraní es una realidad. Desde principios de la presente década, cuando se aprobó la Ley de Educación Superior y se creó el Cones, este organismo se puso a funcionar como la máxima autoridad en materia de universidades en cuanto a creación, aprobación de carreras y autorización para expedir títulos profesionales.
El Cones se encontró de entrada con las “universidades de garaje”, a las cuales advirtió sobre las irregularidades, intervino algunas y clausuró varias. Todas funcionaban en medio de graves falencias: locales precarios e inadecuados, carencia de bibliotecas, falta de salas de informática, docentes improvisados, carreras no aprobadas oficialmente y, lo más grave, una cantidad de horas/cátedra y prácticas muy inferior a las mínimas requeridas en las normas legales.
Desde luego que las carreras de “fin de semana” no pueden cumplir con el tiempo mínimo de actividades académicas en clases y en prácticas, tal como lo requieren las normas establecidas en la Ley de Educación Superior y las reglamentaciones aprobadas por el Cones.
Algunas de las universidades intervenidas y clausuradas por el Cones, presentaron recursos pidiendo medidas cautelares a la justicia para seguir funcionando mientras se analizan cuestiones de fondo y algunos jueces accedieron a tal petición.
El Cones es un organismo oficial integrado por los rectores de las mejores universidades públicas y privadas del país. Es el organismo competente para analizar y decidir la apertura o cierre de carreras universitarias. Por ello, resulta ridículo que un juez, que apenas tiene el título de abogado, se autoatribuya la facultad de borrar las resoluciones del Cones y autorizar que alguna “universidad de garaje” siga funcionando.
Es cierto que en una sociedad de garantías constitucionales y seguridad jurídica, todos tienen la posibilidad de recurrir a la justicia si creen que se violaron algunos de sus derechos. Pero, ¿un juez que recibe la solicitud de reapertura no lee todos los fundamentos esgrimidos por el Cones para clausurar la institución antes de emitir su “medida cautelar” para que el calamitoso centro educativo siga funcionando?
Evidentemente existe un abuso de estas “medidas cautelares” pues las mismas permiten que estas “universidades” de opereta sigan estafando a miles de estudiantes. En estos casos, la vara de la justicia se convierte en salvoconducto para los negociados en la educación superior.